Foto: Alianza Cívica.
Ante la importancia de que la sociedad mexicana ejerza su derecho al voto de una manera informada y razonada, resulta «inadmisible» el desafío que plantea la empresa Televisión Azteca al Estado mexicano, al negarse a transmitir el debate entre candidatos a la Presidencia de la República el próximo domingo 6 de mayo.
Así se pronunciaron las organizaciones Comité Conciudadano para la Observación Electoral y Alianza Cívica.
«No obstante ser administradora y beneficiaria de una concesión pública, no un bien privado, la televisora busca obstaculizar el proceso democrático en marcha en nuestro país, en represalia por los efectos que le ha representado la aplicación de la legislación electoral, que prohíbe la compra de espacios en los medios de comunicación con fines electorales«, manifestaron a través de un boletín.
Asimismo, consideraron que las autoridades no pueden permanecer al margen de esta situación y exigieron a la Secretaría de Gobernación que, con fundamento en artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, «propicie que el mayor número de ciudadanos mexicanos tenga acceso al intercambio de ideas, propuestas y programas de gobierno que los diferentes aspirantes a la Presidencia de la República ofrecen al electorado».
Criticaron que la Secretaría de Gobernación deje de actuar y se ampare en la premisa de “respaldar las decisiones del IFE”, ya que según las organizaciones la dependencia está jurídicamente capacitada para tomar decisiones respecto de una eventual transmisión del debate en cadena nacional.
«El síndrome del avestruz pareciera estar privando en la máxima autoridad política del país», lamentaron.
También criticaron la postura del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien decidió programar a la misma hora del debate la transmisión de un partido de futbol, avalado por la Federación Mexicana de Futbol.
«Salinas Pliego desafía al régimen político mexicano representado por los tres poderes, a la legislación emanada de él y a la viabilidad de México como país en el que se vive la democracia».
Las críticas se extendieron al Instituto Federal Electoral que si bien no puede ordenar la cadena nacional, puede pedírselo a la Secretaría de Gobernación.
«Toca a esta dependencia demostrar si tiene los tamaños para tomar decisiones trascendentes para el ejercicio democrático o si se achica y amilana ante el poder de las televisoras«, concluye el comunicado.
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