Existen más mecanismos de protección para vender un automóvil, que para dar cuenta de la vida y seguridad de un niño: CDHDF

Foto: CDHDF

Las omisiones con respecto a la situación y el seguimiento sobre las condiciones en que viven las niñas y los niños sin cuidados familiares es de tal grado, que existen más mecanismos de regulación para la transacción de un automóvil que para conocer del paradero de los infantes que no tienen o no viven con sus padres, advirtió el Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez.

En su participación en el Foro Construyendo la Agenda Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, convocado por la Cámara de Diputados, recordó que al emitir la Recomendación 4/2009, por el caso Casitas del Sur, la CDHDF había señalado ya que paradójicamente existen muchas más regulaciones y mecanismos de protección para vender un automóvil, que para dar cuenta de la vida y la seguridad de un niño.

El caso Casitas del Sur, agregó, documentó que niñas y niños eran enviados así, sin mayor regulación, a un centro de adoctrinamiento religioso extremo, secta que operaba en por lo menos ocho entidades del país, y que hasta hoy no se ha logrado determinar en dónde están los 11 niños desaparecidos de la ciudad de México y 20 más en dos estados del país.

Y es que, advirtió: “Una niña o niño puede ser dado en adopción ilegal, puede ser enviado a una institución privada, puede ser trasladado de uno a otro territorio, nacional o internacional; y no existen mecanismos de protección para ellos”.

En ese sentido, adelantó que la Ley General de Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debe atender las directrices de Naciones Unidas sobre el uso apropiado y las condiciones del cuidado alternativo de niñas y niños, y con parámetros para garantizar que todas las entidades y personas implicadas tengan capacitación y experiencia, con los protocolos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Pero sobre todo, insistió, que fomente los cuidados alternativos que eviten la institucionalización masiva, sino sólo en casos excepcionales, como en los de explotación sexual, además de la existencia de un mecanismo que pueda fortalecer las capacidades de la familia para que pueda brindarle la atención al niño.

Sauri Suárez explicó que, las niñas y niños sin cuidados familiares particularmente son quienes están en estado de abandono, en medio de un conflicto en el seno familiar, viviendo y/o trabajando en la calle, y los que siendo víctimas de delitos, jurídicamente fueron separados de su grupo familiar, en condiciones de orfandad, niñas y niños migrantes que se hallan fuera de su entorno.

En su su ponencia sobre “Niñas y niños sin cuidados familiares”, insistió en que actualmente “No existe capacidad en las instituciones públicas de ninguno de los tres niveles de gobierno para dar cuenta de la protección de la situación de los niños en condiciones de institucionalización”.

No existen, dijo, datos de cuántos son y en qué condiciones se encuentran, no existe un sistema nacional consolidado para el monitoreo ni siquiera de las niñas y niños enviados a alguna institución judicial o asistencial, mientras se define su guarda y custodia o, cuando por su condición social, que es una forma de criminalización de la pobreza, se considera que sus padres no tienen la condición económica para garantizar sus derechos.

Advirtió también que mientras para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) existen 1.6 millones de niñas y niños en estado de vulnerabilidad grave, por orfandad total o parcial, porque sus padres murieron en accidentes o a causa de enfermedades como el VIH/Sida, o por migración laboral y muerte de la madre; las redes y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) calculan hasta en 60 mil los niños que cada año ingresan a los albergues de instituciones privadas.

Para Sauri Suárez, la situación jurídica que viven de niñas y niños sin cuidados familiares exige un cambio conceptual y un enfoque de derechos humanos, específicamente de los derechos de la infancia, que impacte en el marco normativo, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, específicamente de los Artículos 1º, 4º y 73.

En consecuencia, agregó, se deben reformar la Ley de Asistencia Social y la Ley de Desarrollo Social, y las leyes estatales de protección y asistencia social, de desarrollo social y las de carácter administrativo.

Y es que, explicó: “Los términos vulnerabilidad y asistencialismo están vinculados a las ideas construidas bajo una lógica patriarcal, androcéntrica y adultocéntrica, que genera la noción de que los niños son propiedad privada del grupo familiar y que el Estado no tiene mayor responsabilidad de intervención, salvo cuando se han conflictuado con la ley o cuando se encuentran en condiciones de abandono, pero no como sujetos de derechos, sino objetos de protección”.

Se debe transformar la idea de vulnerabilidad por la noción de discriminación; así como la retórica de asistencia social, de hace más de 500 años, por un leguaje relacionado con el enfoque de equidad y hablar de políticas para la equidad de género y para niñas y niños, no desaparecer, sino sobre la función de todas las instituciones públicas que construyan un sistema de protección de los derechos del niño, bajo una lógica de que todas las dependencia públicas, incluido el órgano central de protección de los derechos de la infancia, dicte las políticas para la equidad, concluyó Sauri Suárez.