Miles de mujeres no acceden a defensor de oficio
Foto: Abogados VIGO
El GDF carece de personal jurídico suficiente para encargarse de los miles de juicios por pensión alimenticia que interponen las capitalinas cada año.
Al vía crucis que padecen miles de mujeres al entablar una demanda por pensión alimenticia, se suma la sobredemanda en los juzgados cuyos abogados no se dan abasto para resolver las demandas, y por tanto quedan desprotegidas las capitalinas que no pueden pagar un defensor privado.
La Consejería Jurídica, instancia dependiente del Gobierno del Distrito Federal, cuenta con una Defensoría de Oficio y Orientación Ciudadana, cuyo personal brinda asesoría y representa a las mujeres de manera gratuita.
Cada mañana, en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) se observan largas filas de mujeres que van a interponer demandas en materia familiar, según constató Cimacnoticias en un recorrido. Al día se reparten de 10 a 40 fichas y quienes no alcanzan a ser atendidas tienen que regresar en varias ocasiones.
Y es que los casos parecen rebasar la capacidad de los defensores. Las estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que para 2011 en el DF se registraron 5 mil 4 pensiones para hijos y otras 293 para hijos y esposas.
Según el TSJDF, en seis meses, de diciembre de 2012 a mayo de 2013, se han recibido 11 mil 582 demandas de pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia, y régimen de convivencias y visitas para padres e hijos.
Los datos de la Consejería Jurídica muestran que de enero a julio de este año ya van 3 mil 390 juicios de alimentos, de éstos, 3 mil 349 son casos demandados por mujeres y 41 por varones.
Sin embargo, el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, Jesús Rodríguez Núñez, considera que se atiende a la ciudadanía de forma “adecuada y eficiente”, y aclara que “no hay una saturación del servicio”.
El funcionario precisa que la Defensoría de Oficio cuenta con 480 abogados para atender materia familiar, civil, penal y mercantil. Explica que de este total, 100 se dedican exclusivamente a asuntos civiles, es decir, a litigar casos de alimentos, guarda y custodia y régimen de visitas en las 16 delegaciones capitalinas.
“Si estuviéramos perdiendo asuntos podríamos hablar de que no estamos atendiendo bien, pero ganamos 9 de cada 10”, advierte Rodríguez Núñez.
A partir del número de demandas por pensión alimenticia que ha atendido en 2013 la Consejería Jurídica, se puede establecer que cada uno de los 100 abogados destinados a los juicios civiles se encarga en promedio de cerca de 70 casos al año.
Ante la falta de personal suficiente para atender a las miles de mujeres que reclaman asesoría, el director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica llama a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que asigne más recursos a la instancia y se pueda contratar a más personal, además de capacitarlo en estos temas.
Pese a las carencias, el funcionario asegura que se atiende a todas las mujeres que soliciten el servicio aunque no estén casadas, ya que dice– se trata de proteger los derechos de la niñez.
Según Rodríguez Núñez, la mujer que acude a solicitar el apoyo de un defensor de oficio prácticamente tiene asegurado que ganará el caso. Destaca que una ventaja de la Defensoría es que las mujeres pueden presentar la demanda el mismo día que preguntan por asesoría, pues si llevan todos los documentos se les lleva con el juez para que inicien el trámite.
Falta de transparencia
En agosto de 2011, la ALDF aprobó una serie de reformas legislativas a fin de garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia. Entre ellas, sancionar con cárcel a los padres deudores de la pensión alimenticia.
El artículo 193 del Código Penal del DF impone de tres a cinco años de prisión a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos. Sin embargo, la Consejería Jurídica no tiene el dato de cuántas personas están en esa situación.
También las reformas legales crearon el Registro de Deudores Alimenticios Morosos (Redam) –dependiente del Registro Civil–, al cual –por orden de un juez– quedan inscritos los padres que incumplen la pensión.
El Redam funciona como una sanción moral, pero también quienes estén registrados por no pagar tres o más meses de pensión quedarán imposibilitados para vender un bien o una propiedad. Además el registro permite que las personas que desean contraer nupcias sepan si su pareja es un deudor alimentario.
Aunque ley estipula que esa base de datos es pública, no hay un sitio web donde pueda consultarse, por lo que se estaría incurriendo en falta de transparencia. De acuerdo con Rodríguez Núñez, hay 29 personas registradas en esa lista.
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(CIMAC)
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