Por Heidi de León Gutiérrez / Cimacnoticias
En su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario estatal Mariano Anguiano Moreno, ignoró la severa problemática que atraviesa el estado de Colima en materia de feminicidio, violencia de género y atentados contra los Derechos Humanos (DH).
En su mensaje ante el Congreso local en esta capital del estado, el gobernador sólo se refirió al programa “Colima por la igualdad y contra la violencia de género” con el que, según informó, se atendió a más de 7 mil mujeres “que viven esa situación lamentable” con un presupuesto de casi 7 millones de pesos.
Anguiano Moreno dijo que gracias a ese programa también se benefició a “más de 4 mil servidores públicos”, aunque no precisó en qué sentido.
En noviembre pasado la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenció que el estado de Colima ocupa el primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres, al registrar 10.1 por ciento de incidencia, cuando la media nacional es de 7.3 por ciento.
En meses anteriores se reportó que Colima ocupa el quinto lugar nacional en violencia contra las mujeres en el ámbito privado, rubro que agrupa la violencia física, emocional, sexual y económica.
Mariano Anguiano omitió en su Informe de Gobierno el tema del feminicidio en la entidad, en momentos en que han sido asesinadas 18 mujeres en 2012 y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha elaborado los protocolos de investigación para prevenir y castigar este delito, a pesar de que ya fue tipificado en el Código Penal local.
Organizaciones civiles por los derechos de las colimenses han urgido a la procuradora Yolanda Verduzco que elabore el protocolo contra el feminicidio, sin obtener respuesta.
Tampoco el mandatario estatal abordó las graves violaciones a los DH en la entidad, luego de que recientemente el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Roberto Chapula, advirtió que la tortura va en aumento y la PGJE es la instancia más demandada por violaciones a las garantías humanitarias.
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