Financiamiento de partidos políticos uno de los principales retos para el Congreso de la Unión: Alejandro Luna Ramos

Foto: TEPJF

José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que el tema del financiamiento de los partidos políticos es de vital importancia, por lo que éstos ya piensan en reformar el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), dados los problemas que se registraron en el pasado Proceso Electoral Federal y ante el impedimento que existe para que particulares compren tiempo en radio y televisión.

“Se ha hablado mucho de que va a haber reformas tanto legales como constitucionales, por los resultados que hubo en esta elección, esto es lo lógico. Yo he visto en el actuar de los partidos políticos que quieren regresar al modelo para que los particulares puedan adquirir propaganda electoral por cuenta propia”, apuntó.

En ese sentido, reconoció que uno de los principales retos que tiene el Congreso de la Unión es revisar hasta dónde se están afectando las limitantes a la libertad de expresión, con la prohibición para que los particulares financien propaganda política, como han argumentado diversos actores políticos y académicos.

El Magistrado Presidente indicó que si en los procesos electorales los partidos violan la ley en materia de fiscalización, las autoridades administrativas, como el Instituto Federal Electoral (IFE), están obligadas a imponer las sanciones correspondientes.

Lo anterior, al participar como moderador de la mesa “El supuesto financiamiento ilegal”, en el marco del V Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral del TEPJF: la Elección Presidencial 2012.

En esta mesa de trabajo participaron Ignacio Torres Muro, académico de la Universidad Complutense de Madrid; Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Rafael Estrada Michel, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), quienes hablaron de los análisis elaborados por diferentes instituciones respecto de las restricciones impuestas en la norma electoral mexicana para el financiamiento de las campañas electorales.