Foto: SCT
Con el objeto de ampliar la protección de los usuarios del servicio de telefonía celular, y de la ciudadanía en general, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suscribió un convenio de colaboración con operadores de telefonía móvil, con la Procuradora General de la República (PGR) como testigo de honor, para impedir que un teléfono que haya sido reportado como robado o extraviado, pueda ser usado.
De acuerdo con el Informe Estadístico Delictivo de la Procuraduría General de Justicia del D.F., en los últimos dos años, en la Ciudad de México se han presentado cerca de 7 mil 500 denuncias de robo de teléfonos celulares a transeúntes. Tan sólo de enero a junio de éste año, la cifra es de un poco más de mil 800 denuncias. Esto ha contribuido a la comisión de otro tipo de delitos, como la extorsión telefónica.
Ante esta situación, el pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones de desactivar permanentemente los equipos de comunicación móvil reportados por sus clientes como robados o extraviados.
A través de la suscripción del Convenio se establecen los términos y condiciones para que los concesionarios compartan entre sí y con la Secretaría las listas de equipos reportados como robados o extraviados y así prevenir que los equipos terminales se reactiven. Asimismo, se establecen las bases para que la Secretaría intercambie las listas de equipos robados con las autoridades de otros países, evitando así la reactivación en el extranjero de equipos robados o extraviados en México, y viceversa.
Para hacer efectiva esta medida, el usuario deberá reportar el extravío o robo de su aparato celular a la empresa que le presta el servicio, proporcionando el Código Internacional de Identidad del Equipo Móvil, conocido como código IMEI. Este código identificativo suele venir junto a la batería de los equipos móviles o puede ser obtenido tecleando la combinación *#06#.
La Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, afirmó que la coordinación y cooperación que existe entre las autoridades y las empresas operadoras de las redes públicas de telecomunicaciones, privilegian el bien común y la justicia.
Asimismo dijo, bajo la perspectiva de procuración de justicia, acciones como ésta, contribuyen a desalentar el mercado ilícito de aparatos de telefonía móvil, así como su utilización en la comisión de diversos delitos.
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