Foto: SHCP
La Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) conforma un instrumento jurídico integral que promoverá la construcción de nueva infraestructura, consideró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante su informe semanal.
Así, explica la dependencia, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con las reformas estructurales que el país necesita, además de que la LAPP detonará inversiones sin precedentes en nuestro México.
Indica que desde el inicio de la actual administración, el Gobierno Federal ha impulsado la inversión pública en infraestructura para alcanzar mayor crecimiento económico y generar más y mejores empleos para los mexicanos.
La competitividad, el crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las naciones dependen en gran medida de la solidez y la modernidad de su infraestructura. Existe una estrecha relación entre crecimiento económico y gasto en infraestructura. Cuando el Producto Interno Bruto (PIB) crece, hay más recursos disponibles para invertir en ésta. A su vez, la inversión en infraestructura estimula el crecimiento económico; ya que mejora la competitividad de las regiones al reducir costos y tiempos de transporte, facilitar el acceso a mercados distantes y apoyar la integración de cadenas productivas.
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Reconociendo la importancia de este círculo virtuoso, en 2007 el Gobierno Federal dio a conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI), en el cual estableció, entre otras, dos estrategias para el financiamiento de la infraestructura: 1) aumentar la inversión pública mediante una racionalización de gastos administrativos; y, 2) diseñar esquemas de inversión público-privados en rubros específicos.
Para 2008, y ante el entorno internacional adverso, el Gobierno Federal estableció como estrategia para fortalecer a la economía mexicana, llevar a cabo una mayor inversión pública en infraestructura como elemento clave para suavizar las fluctuaciones macroeconómicas, facilitando el comercio de mercancías y servicios global. En este sentido, la creación del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)* en febrero de dicho año ha sido una de las principales medidas contracíclicas y principal brazo ejecutor del desarrollo de la infraestructura en nuestro país.
Así, se tiene que la inversión física realizada por el sector público creció 15.4% real en promedio anual durante 2007-2011 y 1.1% real durante enero-diciembre de 2011 con relación al mismo periodo de 2010; tasas muy por arriba de las registradas en los dos sexenios anteriores al actual, donde en sus cinco primeros años la inversión física registró un crecimiento promedio anual de -3.6% real (1995-1999) y +4.4% real (2001-2005).
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Asimismo, durante los últimos cinco años, la inversión impulsada por el sector público federal para el desarrollo de la infraestructura ha sido la más alta desde 1990, no sólo en términos reales sino también como proporción del PIB, y como proporción del gasto programable total (del 22.4% en 2005 a 24.5% en 2010, para cerrar en 2011, de manera preliminar, en 23.6%).
A pesar de esto, existe la necesidad de seguir impulsando un mayor financiamiento de la inversión en infraestructura con recursos del sector privado, con base en un mejor y más eficiente marco jurídico para poder superar el rezago en la competitividad de la infraestructura con relación a países desarrollados así como a otras economías emergentes.
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En su reporte, Hacienda hace hincapié en que es importante mencionar que en la actualidad ya se llevan a cabo esquemas de asociación entre el Gobierno y los particulares, tanto para construir, mantener y operar infraestructura, como para la prestación de servicios públicos. Las figuras que más se utilizan son la concesión, permisos o autorizaciones previstas en las leyes de cada materia. También se cuenta con Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), que constituyen una combinación de concesión con obra pública, en los que el Gobierno realiza pagos periódicos por la prestación de servicios realizados por un privado. Sin embargo, algunos instrumentos legales vigentes bajo los cuales se basan actualmente las Asociaciones Público-Privadas son poco flexibles en cuanto a la modificación de los contratos a lo largo de la vida del proyecto y solución de controversias, y por lo tanto, no ofrecen la certeza jurídica que requieren las diferentes partes involucradas.
Derivado de lo anterior, el pasado 15 de enero se firmó el decreto que expide la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP). Esta nueva ley constituye un instrumento jurídico integral que impulsará la construcción de nueva infraestructura, así como proyectos tecnológicos y de innovación que se orienten al aprovechamiento de oportunidades que contribuirán al desarrollo económico de las regiones, de las entidades federativas y de los municipios, así como al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios.
Asimismo, permitirá una mejor solución de controversias. Así, cuando las partes no logren un acuerdo, esta nueva ley crea la figura del Comité de Expertos para resolver diferendos de naturaleza técnica y económica.
Este nuevo ordenamiento jurídico regulará también los esquemas de asociación de largo plazo entre instancias del sector público y el privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
Los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer las necesidades de la colectividad, con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismo flexibles, y que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto.
Así, algunos de los beneficios potenciales de esta nueva ley serán:
• Creación de incentivos para atraer tecnología de punta, capacidad empresarial, en ocasiones recursos privados a proyectos públicos, así como mejorar el desempeño de los proyectos.
• Mayor seguridad y certeza jurídica tanto para los particulares interesados como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que, por su naturaleza, requieren de largos períodos de maduración y desarrollo.
• Aceleración de la preparación de proyectos; a través de la reducción de 30% en el tiempo de ejecución del proyecto, así como la reducción de entre 4 y 6 meses en el tiempo de implementación para nuevos proyectos gracias a la posibilidad de asignar estudios de manera directa.
• Reducción estimada de 15% en costos de construcción.
• Promoción de inversiones sin precedentes para proyectos carreteros, ferroviarios, portuarios y de aeropuertos que, además de los beneficios de cada proyecto en particular, generarán empleos directos e indirectos en todo el país.
• Certidumbre al inversionista; ya que la concesión puede ser ajustada durante la vida del proyecto y extensión del plazo de la concesión y los flujos de efectivo futuros podrían asignarse al financiamiento de proyectos actuales.
En resumen, explica la secretaría federal, la inversión en infraestructura es un factor fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleos. Ésta tiene un impacto directo en la demanda agregada durante el periodo de la construcción, y genera mayor productividad y competitividad en la economía en el mediano plazo.
Gracias a la LAPP, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con las reformas estructurales que el país necesita, a través de una mejor plataforma jurídica que detonará inversiones sin precedentes, liberando el enorme potencial del sector privado tanto en el diseño como ejecución de operación de grandes proyectos de infraestructura.
Asimismo, la LAAP proveerá las herramientas necesarias para afrontar los retos de nuestro país en materia económica y, con ello, generar un mayor desarrollo económico al facilitar las relaciones comerciales, la productividad y la actividad económica en general, estableciendo un marco jurídico que brindará más transparencia y más certeza para todos, concluye la SHCP.
*El Fondo Nacional de Infraestructura se constituyó con los recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). En total, los recursos del FONADIN sumaron en un principio 40 mil millones de pesos, y se espera que con la realización de los activos con que cuenta, en los próximos 5 años pueda canalizar recursos hasta por 270 mil millones de pesos. Asimismo, su función principal es promover y fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, a través del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables que mejoren la capacidad de los proyectos para atraer financiamiento.
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