Foto: Indignación.org.mx
En Yucatán las mujeres no acceden a la justicia porque hay juzgados de paz que carecen de facultades, Ministerios Públicos (MP) que retardan investigaciones y no otorgan órdenes de protección ni otras medidas cautelares, y jueces que no tienen perspectiva de género al entablar procesos penales.
La organización Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos afirma en su más reciente informe “La casta Susana. Mujeres sin justicia en Yucatán”, que las autoridades encargadas de impartir justicia en el estado peninsular son incapaces de proteger efectivamente los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
La agrupación sostiene que la falta de justicia se debe a que la Fiscalía General estatal no cuenta siquiera con la capacidad de realizar diligencias básicas como pruebas de ADN, y carece de herramientas, personal y recursos necesarios para la investigación, a lo que se suma una falta de pericia, negligencia y dilación al integrar los expedientes.
En el informe se denuncia que la dependencia no tiene capacidad técnica ni financiera por lo que, de forma indebida, en las investigaciones deja la carga de la prueba a la víctima, pese a que estándares de Naciones Unidas recomiendan que la responsabilidad de entablar una acción penal no debe recaer en una mujer víctima de violencia.
Como ejemplo, el documento menciona que de octubre de 2010 a septiembre de 2011 la Fiscalía General recibió 531 denuncias de violencia familiar, 3 mil 451 por incumplimiento de las obligaciones familiares, 518 por violación, y 758 por abusos deshonestos, pero recalca que no hay datos sobre el resultado de estas denuncias.
Otros obstáculos que persisten en el sistema de justicia, según la organización, es que los MP mantienen procedimientos complejos y ajenos a la cultura indígena, se ubican en zonas urbanas y, por tanto, de difícil y costoso acceso, además de que no cuentan con personal capacitado en perspectiva de género.
Información recopilada por Indignación muestra que no se respeta el derecho a contar con un intérprete, lo que dificulta aún más el acceso de las mujeres a la justicia y agrava la impunidad, ya que muchas de las víctimas son indígenas mayas que no hablan español.
“La inefectividad judicial en casos de violencia contra la mujer genera el fenómeno de la impunidad, el cual se produce cuando existe una falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena a los responsables de haber violado los derechos establecidos en la Convención Interamericana”, destaca el informe.
La organización también mencionó casos que muestran la indolencia de las autoridades encargadas de administrar justicia. Por ejemplo, el caso de una niña que desde los siete años fue violada sexualmente por su abuelo y después por su tío, y quien tras la denuncia, que sigue en investigación, es víctima de rechazo y agresiones por parte de su familia.
Además documentó el caso de una mujer que fue violada por su padrastro y obligada a ejercer el trabajo sexual. Ella tuvo una hija producto de la violación y cuando denunció pidió una prueba de ADN para acreditar el delito, pero las autoridades le dijeron que no contaban con el equipo para hacer la prueba. El sujeto fue juzgado sólo por el delito de lenocinio.
La organización dijo que el Estado que claudica en sus obligaciones más elementales de proteger los derechos femeninos “debilita el cuerpo ético y moral de la sociedad, contribuyendo a perpetuar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”.
Agregó que la labor jurisdiccional juega un papel relevante en el acceso a la justicia, por lo que los impartidores justicia tienen en sus manos la tarea de hacer realidad el derecho a la igualdad, para lo cual deben evitar interpretaciones y concepciones prejuiciadas de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres.
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(CIMAC)
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