Fundalex lamenta que sujetos cercanos al poder agredan a periodistas

Foto: Fundalex

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) lamenta, mediante un comunicado, que de siete ataques en contra periodistas y medios de comunicación ocurridos entre el 2 y el 13 de mayo, en dos de ellos estuvieran involucrados servidores públicos o personal subordinado a políticos, mientras que en otro se presume la acción de un alcalde.

En dicho documento, la fundación señala que en otros tres casos hubo ataques en contra de medios de comunicación y en el más reciente, ocurrido ayer, fue encontrado asesinado el periodista René Orta Salgado, presuntamente ex reportero de El Sol de Cuernavaca, quien a partir de diciembre pasado se habría incorporado a actividades de proselitismo en favor de Enrique Peña Nieto, a través de una organización civil.

Para nadie en México es saludable que crezcan las acciones de carácter autoritario como son las de acallar la libertad de expresión y restringir el derecho a la información de los mexicanos, por lo que la Fundación para la Libertad de Expresión reitera el llamado a los congresos locales para aprobar las reformas constitucionales al Artículo 73, que federaliza la persecución de los delitos cometidos contra periodistas, personas e instalaciones de los medios de comunicación, así como la del Artículo 71 que da paso a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, señala el comunicado.

La Fundalex considera lamentable que sujetos cercanos o dependientes de quienes debieran estar comprometidos con la promoción, difusión, protección y defensa del ejercicio del derecho de la libertad de expresión y el derecho a la información hacia toda la sociedad, estén involucrados en los ataques.

Para la organización, el caso más significativo ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando Gerardo Ponce de León Moreno, director del portal Marquesina Política y autor de la columna Marquesina Política que firma bajo el seudónimo de Dr. Shivago, fue agredido en su oficina por dos personas, con un tubo en la cara.

Los agresores le advirtieron que debía salir del Estado, amenazándolo con hacerle daño a su familia si no obedecía las órdenes que le daban. Al momento de golpearlo, le dijeron que iban de parte de Los Zetas, pero el periodista descartó que el ataque fuera ordenado por un cártel del narcotráfico, como le dijo uno de sus agresores.

El pasado 16 de diciembre, Gerardo Ponce de León, denunció que por sus escritos, estaba siendo presionado por autoridades del ayuntamiento de Hermosillo, encabezadas por el alcalde, Javier Gándara Magaña, ya que en su columna “expone con regular frecuencia crónicas de presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias”.

En esa fecha, Ponce de León acudió ante el agente del Ministerio Público de la Federación para responder a denuncia en su contra interpuesta por el alcalde quien alegaba daños al honor. «Si bien no tengo pruebas de que el señor Gándara Magaña pudiera pensar hacerme daño en lo físico, no está demás manifestarlo para que quede asentado», puntualizó en esa ocasión al diario Milenio, afirma la nota de su portal donde se dio a conocer el atentado del 10 de mayo.

El 2 de mayo, el fotorreportero de El Diario de Colima, Sergio Uribe Alvarado fue agredido y detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva, que se molestaron porque tomó fotografías de un operativo policiaco. Le exigieron entregarles la cámara y borrar las imágenes que había tomado del suceso.

El gobernador Mario Anguiano Moreno, justificó la acción al decir que el fotorreportero se encontraba con primer grado de alcoholemia y no dejaba trabajar a los policías.

El 6 de mayo, la reportera del diario La Jornada, Karina Avilés, recibió maltrato de una integrante del equipo de prensa de Josefina Vázquez Mota, momentos después del debate entre candidatos presidenciales, según reportó el diario. “Vete con gente de Peña Nieto, ellos si tratan bien a los reporteros; si no, pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que se llevan en cada gira”, le dijo la trabajadora de Vázquez Mota.

El 7 de mayo un grupo disparó contra instalaciones del diario Hora Cero de Reynosa, Tamaulipas. Minutos antes a la redacción llegó el aviso de los pistoleros de que iban destruir el edificio de dos niveles y daban diez minutos a los empleados para retirarse. La editorial Demar, propietaria del edificio, edita las publicaciones Hora Cero, Conexión, Clase y la versión para Tamaulipas de la revista Contralínea.

El 10 de mayo, a plena luz del día fueron asaltadas las oficinas de Megaradio Guadalajara. Tres sujetos armados encañonaron al personal de vigilancia y administrativo y se llevaron la nómina de la empresa.

La noche del 11 de mayo se suscitó un ataque de cinco minutos contra las oficinas del diario El Mañana de Nuevo Laredo sin que hubiera heridos, pero varios vehículos fueron alcanzados por las balas en el exterior. En su página web, el medio de comunicación informó que no tenían confirmado que haya sido un ataque directo a las instalaciones de este periódico.

Este medio anunció ayer que se autocensura respecto de temas ligados con la violencia: «Este periódico apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país».