En el estado de Tlaxcala el Partido Revolucionario Institucional (PRI) limita cada vez más a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, denunciaron activistas.
Si bien no es nueva la criminalización del aborto, pues es considerado un delito grave en la entidad, la actual administración del priista Mariano González Zarur no garantiza el acceso a métodos anticonceptivos, reprime a las activistas que defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y recientemente impulsó reformas que aumentaron las penas por aborto.
La representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), María del Rosario Texis Zúñiga, acusó que las mujeres no son prioridad para el gobierno estatal, pues además de criminalizar el aborto, Tlaxcala presenta un déficit de anticonceptivos y adolece de mecanismos eficaces para acercarlos a sectores de la población que más los requieren.
El estudio “Fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos; análisis desde la sociedad civil” –elaborado por Ddeser– da cuenta que 42 por ciento de las tlaxcaltecas recibieron un anticonceptivo diferente al solicitado, mientras que 43 por ciento de las y los prestadores de salud aceptaron desabasto de condón femenino, implante subdérmico y la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), en los últimos tres meses.
Sumado a ello –añadió Texis Zúñiga– el gobierno actual reprime a las y los defensores de estos y otros derechos en la entidad, por ejemplo –acotó– “cuando desde la Red hemos salido a informar a las mujeres sobre las causales del aborto y sobre sus derechos, autoridades estatales nos han pedido que nos retiremos, pues estamos promoviendo que las mujeres ‘maten a sus bebés’”.
Es por esta razón y para prevenir posibles agresiones que las defensoras tlaxcaltecas han mantenido un bajo perfil ante las recientes modificaciones al Código Penal local, con las que se sanciona de tres a cinco años de prisión el delito de aborto, incluso si está en riesgo la salud de la mujer.
“Estamos en contra de que se criminalice a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y que no hayamos salido a manifestarnos abiertamente no indica lo contrario, sino que trabajamos de manera directa con las mujeres, pues tampoco queremos exponernos a una nueva represión”, explicó la activista.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, María del Rosario Texis manifestó que con las recientes reformas al Código penal de Tlaxcala, impulsadas y avaladas por el PRI, además de criminalizar a las mujeres que deciden abortar, se pone en riesgo su vida y su salud, pues se abona a que busquen opciones no seguras para interrumpir su embarazo.
A fines de 2012 González Zarur presentó ante el Congreso local (dominado por el PRI) una iniciativa para aumentar las penas que sancionan el aborto, así como para eliminar la causal de riesgo a la salud a la madre, mediante reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal estatal.
La iniciativa fue aprobada el pasado 31 de enero, por lo que ahora sólo se permite el aborto cuando la madre esté en riesgo inminente de perder la vida y en caso de violación sexual, pero en ambas circunstancias se debe dar parte al Ministerio Público para que autorice el procedimiento.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcóatl Antonio, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de acción de inconstitucionalidad contra esas reformas, mismo que fue recientemente admitido.
Los diputados que votaron a favor de la iniciativa están ahora ante la obligación de defender sus argumentos, pero se han limitado a declarar que se trata de “un error de apreciación” del ombudsman tlaxcalteca y que “no se está criminalizando a las mujeres”.
La integrante de Ddeser recordó que Tlaxcala es un estado sumamente conservador y que la iniciativa de reforma fue presentada como un “beneficio a la vida de la mujer”, pero que en realidad las y los diputados que la aprobaron no cuentan con los elementos suficientes para defender esa postura, pues “no dimensionaron la gravedad de la violación a Derechos Humanos que estaban cometiendo”.
Para Texis Zúñiga las reformas aprobadas recientemente representan un retroceso más a la vida y dignidad de las tlaxcaltecas, pues se criminaliza más el aborto y se expone a las mujeres al escrutinio y deliberación de agentes del Ministerio Público, por lo que Ddeser está en espera de un fallo favorable para la población femenina por parte de la SCJN.
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(CIMAC)
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