Foto: César Martínez López
CIMAC
Mientras los casos de feminicidio se acumulan en México, el gobierno federal y los locales continúan negándose a crear, sistematizar y proveer estadísticas sobre los índices de violencia de género; para colmo, la falta de transparencia se acrecentó en la actual administración.
Durante la presentación del libro “Un grito de socorro desde Juárez” –ayer en Casa Lamm, en esta capital–, expertas y activistas coincidieron en que la negativa de las autoridades por brindar información sobre el número de casos de feminicidio y demás tipos de violencia, repercute en que estos crímenes sigan acumulándose.
También sostuvieron que si bien desde siempre se ha intentado ocultar el feminicidio, las autoridades actuales se esfuerzan aún más por “maquillar” las cifras y una de las estrategias es investigar los asesinatos de mujeres como si se tratara de otro tipo de delitos, y “así negar que existe violencia sistemática y extrema contra la población femenina”.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), informó que desde el monitoreo que realiza su organización se ha detectado que la negativa de las autoridades locales por dar información se incrementó en los dos años recientes, pues ahora no sólo hay falta de información desagregada por sexo, sino también nuevos argumentos para obstaculizar el acceso a las cifras.
La activista abundó que ahora cuando se interpone un recurso de transparencia “(las autoridades) nos responden que no pueden darnos esa información por seguridad ciudadana”.
Por ello –denunció Estrada– el OCNF sólo cuenta con datos oficiales de 11 entidades (Estado de México, Veracruz, DF, Jalisco, Guerrero, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Morelos y Sinaloa) sobre el número de homicidios dolosos de mujeres.
A partir de recursos de transparencia se sabe que entre 2012 y 2013 murieron asesinadas con características de violencia feminicida mil 872 mujeres en esos 11 estados, aunque sólo el 30 por ciento de los casos fue acreditado como feminicidio.
En ese contexto, la diputada federal por el PRD y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, dijo que “uno de los pretextos” de las entidades para no brindar información es que no contaban con un tipo penal de feminicidio, por lo que carecían de este tipo de datos.
Aunque –advirtió la legisladora– la responsabilidad de las autoridades judiciales es contar con información desagregada por sexo o sobre las características de la muerte, “y eso tampoco se informa pues se niegan a reconocer que en México se mata a las mujeres sólo por el hecho de serlo”.
Incluso los asesinatos no son clasificados como tales “en un intento por maquillar la violencia que sufren cientos de mujeres”, sostuvo Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, joven presuntamente asesinada en el Edomex en junio de 2010.
Buendía, quien se convirtió en defensora de Derechos Humanos tras el supuesto asesinato de su hija, relató cómo pese a que la joven mostraba severas huellas de violencia, “la policía se limitó a creer en la versión que dio su asesino, quien mintió y dijo que mi hija se había suicidado”.
Con esa resolución el caso quedó cerrado y no pasó a figurar en las cifras de mujeres que han perdido la vida por la violencia feminicida en la entidad mexiquense.
El caso revela las graves fallas en la investigación judicial, la no aplicación de protocolos con perspectiva de género y la impunidad, por lo que en septiembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso –en espera de ser analizado– de la joven de 29 años presuntamente asesinada por el agente judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas.
En su intervención, María Luisa “Malú” García Andrade, cofundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, coincidió en que el “maquillaje” de los casos no es nuevo, pues desde que los asesinatos de mujeres comenzaron a cobrar notoriedad en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades judiciales se esforzaron por “esconderlos” y “limpiar la imagen” de la urbe.
En entrevista con esta agencia, explicó que el sistema de justicia en Juárez incluso buscaba responsabilizar a las mujeres por su muerte, les inventaba casos o las juzgaba por alguna actitud “cuando nada justifica que maten a una sola mujer y un solo asesinato debería ser motivo de repudio y de investigación”.
Puso como ejemplo el caso de una joven privada de su libertad, torturada, violada sexualmente y que fue encontrada con profundas huellas de violencia, pero el MP clasificó la causa de la muerte como sobredosis de drogas “sólo porque encontraron un supuesto paquete en su bolsa, pero no se tomaron las molestia de investigar si la supuesta droga realmente le pertenecía, o incluso si alguien la obligó a utilizarla; prácticamente la responsabilizaron de su muerte y cerraron el caso”.
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(CIMAC)
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