Foto: Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó con 253 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 150 para homologar los requisitos del gobierno Federal, los estados y el Distrito Federal, en el otorgamiento de permisos a empresas de seguridad privada.
El diputado José Luis Ovando Patrón (PAN) manifestó que la seguridad pública y la privada se refieren a una misma actividad que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, dijo, la actual redacción del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública duplica los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada para la autorización de permisos, al otorgar facultades tanto a la autoridad federal como local y hasta municipal.
“Los diputados que integramos la Comisión de Seguridad Pública analizamos de manera detallada las legislaciones estatales vigentes, y encontramos que existe un total de 114 obstáculos para la autorización de permisos, lo que dificulta la actividad de estas empresas”, señaló en tribuna.
Algunas entidades federativas exigen que los prestadores de servicios sean personas físicas de nacionalidad mexicana, con cláusula de exclusión de extranjeros, lo que contraviene la Constitución y vulnera el sistema de distribución de competencias, agregó el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
En la Carta Magna, abundó, “no se advierte disposición alguna que limite o restrinja la prestación de servicios de seguridad privada a ciudadanos mexicanos con cláusula de exclusión a extranjeros. En consecuencia, dijo, “resulta evidente que al establecer esta disposición por parte de algunos estados se invaden facultades exclusivas de la Federación”.
Por estas razones, concluyó, es necesario homologar los requisitos a la legislación federal, haciéndolos más controlables, evitando la discrecionalidad y con ello poner fin al abuso y a la corrupción. “Asimismo, se impide la invasión de competencias entre los órdenes de gobierno y a los ciudadanos les proporciona una mayor certeza jurídica al momento de contratar el servicio”.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD, destacó que la reforma al artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorga una herramienta más al gobierno federal para el combate a la delincuencia. “Es importante hacer un aparejamiento de la legislación de todos los estados de la República, porque existe una diversidad de requisitos que complica el trabajo en materia de combate contra la delincuencia”.
Manifestó que el problema de la delincuencia organizada rebasa colores y partidos políticos, sin embargo, “hacemos un llamado para cuidar, de manera particular, la inversión extranjera en la actividad de la seguridad pública y, en este caso, de seguridad privada”.
A su vez, el diputado Julio Saldaña Morán (PAN) indicó que con la reforma al artículo 150 se podrá solucionar el problema que ocasiona el exceso de requisitos que los particulares deben cubrir al solicitar autorizaciones.
“Se pretende solucionar cuestiones de invasión de competencias de las legislaciones locales en atribuciones exclusivas del ámbito federal. Por una parte la federación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se encargará de autorizar los servicios de seguridad que se presten en dos o más entidades federativas, en tanto que las entidades federativas se encargarán de autorizar los servicios que se presten en un solo estado”, explicó.
En tanto, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del PRI, coincidió en que la reforma establece que los requisitos en las legislaciones locales no deberán exceder los requerimientos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada para otorgar las autorizaciones de prestación de servicios de seguridad privada que operen en dos o más entidades federativas.
Al manifestarse en contra, los diputados del PT, Jaime Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña, coincidieron en que la reforma trata de legalizar a los mercenarios que realizan tareas de seguridad privada en nuestro país.
“Es decir, no solamente estamos permitiendo la privatización y la extranjerización de la seguridad pública, sino que vamos a permitir que estas tareas sean realizadas también por transnacionales de la seguridad”, señalaron.
El dictamen aprobado plantea la homologación de los criterios, requisitos, obligaciones y sanciones de las empresas de seguridad privadas, respetando la distribución de competencias que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.
Además establece el monitoreo electrónico a los servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En el caso de la autorización ésta no excederá los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política.
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