Foto: Cámara de Senadores
El senador Francisco Agundis Arias, del PVEM, propuso reformar la Constitución, a fin de crear un Tribunal Nacional Ambiental que forme parte del Poder Judicial de la Federación y que tutele eficazmente el derecho de toda persona a un medio ambiente sano.
Asimismo, planteó la instauración de tribunales estatales ambientales que estén adscritos al Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa, los cuales estarán integrados por juzgados en materia ambiental.
El legislador explicó que el sistema jurídico mexicano carece de instituciones con atribuciones suficientes sobre medio ambiente, así como de mecanismos y procedimientos para garantizar la satisfacción de las demandas de particulares, organizaciones, comunidades y desarrollos urbanos para la preservación de la ecología.
Aunado a ello –dijo– las dependencias y organismos a quienes se les ha atribuido la responsabilidad de hacer cumplir la legislación ambiental y ecológica, “no han sabido o no han podido responder adecuada y eficientemente al cumplimiento de su función”.
Lo anterior, mencionó, se traduce inexorablemente en deterioro de los principios de seguridad y certeza jurídicas, pero sobre todo, de credibilidad y confianza en quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley ambiental.
Sin embargo, reconoció que algunos juzgados de distrito han otorgado la suspensión en el juicio de amparo indirecto contra actos administrativos en materia ambiental, lo que significa la “única posibilidad para tutelar eficazmente el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
Por ello, consideró que la impartición de justicia obre este tema requiere de una verdadera transformación, así como una adecuación a las situaciones actuales y a los tiempos procesales contenidos en la legislación ambiental.
En este sentido, indicó que de aprobarse su propuesta la nueva jurisdicción ambiental sustituiría a los tradicionales juicios contencioso administrativo y de amparo, promovidos contra actos de las autoridades ambientales que afecten a los particulares que realicen alguna conducta ilícita.
Además, expuso que los juicios en materia ambiental y ecológica tendrían que extraerse necesariamente de la esfera competencial de los tribunales contencioso administrativo, y de la jurisdicción de amparo, los cuales quedarían bajo el conocimiento de los jueces ambientales.
De igual forma, precisó que dichos tribunales estarán dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, además de establecer las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y recursos contra sus resoluciones.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis.
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