Foto: Desinformémonos
En 2013 se cumplen 20 años de que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez comenzaron a registrarse. En estas dos décadas organizaciones sociales y las madres de las víctimas han pedido, sin éxito, la intervención del gobierno federal para detener y esclarecer los crímenes.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Unidad de Investigación en Delincuencia Organizada –posteriormente convertida en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)– abrió en cuatro ocasiones –una década después de que se comenzaron a registrar los crímenes– el mismo número de líneas de investigación para tratar de esclarecer y detener los asesinatos.
En todas las ocasiones, “al no encontrar los elementos suficientes” para continuar con las indagaciones y para afirmar que se trataban de delitos del fuero federal, la PGR devolvió los expedientes y las investigaciones al ámbito local, con lo que colaboró en el germen de la impunidad que disparó las cifras de mujeres desaparecidas y ultimadas.
Cansadas de que la autoridad local no iniciara pesquisas formales para localizar a sus hijas, a fines de junio pasado ocho madres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez se trasladaron a la Ciudad de México para buscar –nuevamente– la intervención del gobierno federal.
Tras una semana de plantón a un costado de la Secretaría de Gobernación, las madres lograron comprometer a la PGR a atraer los expedientes de sus hijas desaparecidas al ámbito federal, ya que se considera que existen elementos suficientes para afirmar que las jóvenes habrían caído en redes de explotación sexual.
Cabe recordar que la trata de personas es un delito del ámbito federal por lo que corresponde a la PGR indagar los casos.
María Luisa (Malú) García Andrade, representante legal de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, evidenció que las redes de trata de personas secuestran a mujeres cada vez más jóvenes. Explicó que en Juárez, en años recientes, han desaparecido niñas de hasta 11 años de edad.
También, sostuvo la activista, los cuerpos de estas adolescentes y jóvenes no han sido localizados, por lo que no se puede afirmar que estén siendo asesinadas, lo que abre la posibilidad de que estén con vida o hayan sido trasladadas a otra parte del país.
Aunque la SEIDO atrajo los ocho expedientes, no abrió formalmente una línea de investigación y sólo analizará los elementos de los casos para coadyuvar con las autoridades estatales, según el acuerdo de junio pasado entre activistas y el gobierno federal.
A dos meses de haber signado el compromiso, la administración de Enrique Peña Nieto no ha mostrado avances significativos tanto en el cumplimiento de los acuerdos como en las investigaciones.
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(CIMAC)
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