Organizaciones civiles acusaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha cumplido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sobre las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunciaron que la Segob ha dado por cumplidas las sentencias, pese a que aún faltan aspectos por resolver.
En una carta abierta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, las agrupaciones civiles externaron su “extrañamiento y preocupación” ante la afirmación de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lia Limón, quien en mayo pasado informó al Senado que se cumplió con las condenas por los casos Inés y Valentina, lo que “dista mucho de la realidad”, aclararon activistas.
El 1 de octubre de 2010 la CoIDH publicó las dos sentencias en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas, ultrajadas por soldados mexicanos en el estado de Guerrero en 2002, y ordenó medidas para reparar el daño.
El pasado mes de abril el Senado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Segob que informara sobre el cumplimiento de ambas sentencias, a lo que la dependencia respondió que las medidas de reparación se habían resuelto.
Tlachinollan, Cejil y la OPIM afirmaron que las condenas permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, y señalaron que los escasos y contradictorios avances dan cuenta de las dificultades de los procesos relacionados con el acatamiento de fallos internacionales.
Las organizaciones que acompañaron ambos casos advirtieron que la Segob ha sido “omisa” en crear un fideicomiso para que las y los hijos de Inés y Valentina cuenten con el mecanismo que les permita acceder a las reparaciones ordenadas por la CoIDH.
En materia de acceso a la educación no se han llevado a cabo las acciones necesarias para contar con el mecanismo de becas de estudio de las y los niños, por lo que en los últimos dos años sólo se han adoptado medidas parciales temporales.
Finalmente, en lo que se refiere al mecanismo para la atención médica, éste dista de ser un rubro cumplido, pues a decir de las agrupaciones no ha respondido a los acuerdos establecidos y más bien se está a la espera de las adecuaciones necesarias.
Cabe recordar que hay otras medidas que si bien no corresponden directamente a la Segob, tampoco han sido cumplidas, como la reforma al Código de Justicia Militar para evitar que las violaciones a Derechos Humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales castrenses.
Por otra parte, en materia de acceso a la justicia, el 29 de julio de 2011 la Procuraduría de Justicia Militar remitió las averiguaciones previas a la Procuraduría General de la República, la cual las turnó a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Sin embargo, hasta ahora nada se sabe de los responsables de los delitos de violación sexual cometidos, en dos hechos distintos, contra Inés y Valentina hace casi 11 años.
Ante esto, las organizaciones civiles pidieron al titular de la Segob hacer lo necesario para que el Estado cumpla con diligencia sus obligaciones y asigne a estas tareas la relevancia debida. Asimismo hicieron un llamado para que en próximas ocasiones den información precisa a las autoridades que la soliciten.
=CIMAC=
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