Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
Fotografía: SCJN
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan Silva Meza, aseguró que gracias a la nueva Ley de Amparo, el juicio de garantías se torna un instrumento idóneo para la defensa procesal de los derechos colectivos reconocidos por el marco jurídico nacional e internacional a los pueblos indígenas.
Durante la presentación del «Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas», expuso que ahora el quejoso no requerirá de un derecho subjetivo para considerarse afectado y demandar la protección de la justicia federal.
«La voluntad colectiva de un pueblo indígena tiene ahora mecanismos jurídicos para ser efectivamente protegida en beneficio de la conservación de los rasgos de identidad que le permitan continuidad histórica y una vida desarrollada de acuerdo con su propia cultura, expresada en formas de vida e instituciones sociales, políticas y económicas», comentó.
El ministro agregó que el reconocimiento de los derechos indígenas habrá de propiciar que el sistema jurídico responda a los problemas de injusticia de los indígenas.
La integración de los indígenas al sistema de justicia del Estado implica «tener una actitud proactiva que comprenda garantizar el auxilio de intérpretes idóneos, ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas, así como admitir la jurisdicción indígena en la resolución de conflictos internos, además de proteger las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos originarios».
Asimismo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, aseguró que el protocolo resalta obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la reforma constitucional de 2011.
Por su parte, Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de Naciones Unidas, congratuló a la SCJN por la importancia actual de la publicación de dicho protocolo.
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