Gabriela Sánchez López
Foto: César Martínez López
CIMAC
La defensora de Derechos Humanos (DH) mexiquense Gabriela Sánchez López inició ayer una huelga de hambre, para exigir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –instancia del gobierno federal– actúe como lo ordena su ley y garantice el acceso a la justicia para su hija Rosa Isela, quien fue violada por Ricardo Alejandro Meneses en marzo de 2010.
Frente a las instalaciones de la CEAV en esta capital y acompañada de integrantes de Madres Afortunadas –organización que ella dirige– y la agrupación Zeferino Ladrilleros, Gabriela instaló una casa de campaña en la que permanecerá hasta que la Comisión se comprometa a proceder con la debida diligencia.
En punto de las 10 de la mañana, “Doña Gaby” (como le dicen personas allegadas) se instaló frente a la CEAV luego de que el agresor de su hija fue sentenciado el pasado 14 de mayo a tres años un mes de prisión por el delito de estupro y corrupción de menores, aunque todas las pruebas periciales confirmaron que violó sexualmente a su hija de entonces 13 años de edad.
Cabe recordar que el 15 de marzo de 2010, Gabriela denunció los hechos ante la Agencia 08 Especializada en Delitos Sexuales del estado de Jalisco, los cuales quedaron asentados en la averiguación previa C/843/2010 (de la que Cimacnoticias tiene copia).
Rosa Isela fue sometida a pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas que comprobaron las agresiones sexuales en su contra y las secuelas emocionales, además de que se comprobaron sus padecimientos mentales y visuales. No obstante Ricardo Meneses fue juzgado y sentenciado por estupro.
A finales de 2011, “Doña Gaby” se vio obligada a vivir en el Estado de México tras las amenazas que sufrió por denunciar los hechos. En enero de 2012, la mujer recurrió a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima) para que le dieran apoyo legal a ella y psicológico a su hija.
Con la Ley General de Víctimas promulgada el 9 de febrero de 2013 Províctima desapareció y nació la CEAV –que entró en funciones en enero de este año–, por lo que el caso de Gabriela Sánchez pasó a manos de esta instancia.
Mala atención
“Ayer tuve una reunión con la senadora (perredista) Angélica de la Peña, quien me manifestó su respaldo y me pidió una disculpa por todos los atropellos que he pasado; del Senado me vine a la CEAV y fue cuando me informaron de la sentencia (contra Ricardo Alejandro Meneses). Yo acabo de ir a Jalisco y allá no me supieron decir cómo iba el proceso”, dijo Gabriela Sánchez.
“Yo me enojé muchísimo y discutí con ellos; me dicen que hacen su trabajo y yo no niego que hagan cosas, pero lo que exijo es que lo hagan bien, hoy es el cumpleaños de mi hija y lejos de estar festejando, estoy aquí exigiendo justicia”, reclamó.
De acuerdo con Sánchez López, la CEAV, además de tener una mala actuación para representar su caso, no ha cumplido con garantizarle la protección adecuada y no ha garantizado el transporte para que su hija pueda ir a la escuela. Todo esto –dijo– la orilló a poner en riesgo su vida y a iniciar una huelga de hambre.
Minutos antes del mediodía, y después de que Rubén Vasconcelos Méndez, asesor jurídico de la CEAV saliera a pedirle a Gabriela ingresar a la Comisión para dialogar y acordar nuevos compromisos, la comisionada Rosario Torres Mata se presentó ante la activista para hablar con ella “de víctima a víctima”.
En un primer momento le preguntó “cuál era el apoyo que estaba demandando” y si “¿alguna vez la Comisión le había negado algo?”.
Torres argumentó que Gabriela debía darle continuidad al proceso, pues “si bien eran víctimas no eran abogadas, y existe una serie de recursos legales que se deben agotar”, y se “solidarizó con ella” al decirle que “desgraciadamente en México las víctimas tienen que enfrentar un largo proceso por la justica y en ese camino verán vulnerados sus derechos como a ella le pasó”.
La actitud, a veces prepotente de la comisionada y la insistencia para que Gabriela entrara a las instalaciones, molestó a la activista y a las demás madres y defensoras que la acompañaban.
“Doña Gaby” le dijo a Rosario Torres que “no se movería del lugar y que no hablaría con nadie más” que no fuera el comisionado presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón.
Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que la CEAV tendría que instar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco a interponer un recurso de amparo ante la sentencia por estupro contra Ricardo Meneses, y anunció que en caso contrario desde su organización se estarían interponiendo recursos contra la PGJ.
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(CIMAC)
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