Foto: CDHDF
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, aseveró que a pesar que la figura del arraigo está contemplada en la Constitución, su naturaleza contraria al respeto de los derechos humanos, no implica que exista una obligación para emplearla.
Al participar en el Foro: Retos y acciones del Estado frente al arraigo, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), enfatizó: “Responde a una coyuntura política que se dio en un determinado momento y que planteaba la necesidad de constitucionalizar una practica a todas luces inconstitucional”.
Destacó que tanto la Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011 y la Reforma Constitucional Penal del 2008, brindan la oportunidad de entender que el arraigo vulnera los derechos de las personas. Por este motivo hay entidades como Chiapas, Oaxaca y Yucatán que han eliminado esta práctica.
En este contexto explicó que no se debe tolerar ningún tipo de delitos o cualquier acto que contravenga nuestras leyes penales, porque esos actos son también formas de violar los derechos humanos.
Enfatizó que hay también inseguridad que proviene de los actos que realiza el Estado, es decir, de las medidas que toma para combatir la criminalidad. Lo que no puede ocurrir en un Estado Democrático, dijo, y menos a la luz de las reformas antes mencionadas, es aplicar medidas contrarias a la protección de los derechos humanos.
El Ombudsman capitalino indicó que a la luz del marco jurídico actual se requiere de una discusión racional que ponga en el centro del debate la pertinencia de la medida del arraigo. La lucha contra el delito requiere herramientas sólidas pero que no pueden salirse de control.
En tanto, el Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, sostuvo que el arraigo debe de respetar los principios de legalidad y debido proceso.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Dinorah Pizano, manifestó que es vital abrir el tema a debate y escuchar a los especialistas con la finalidad de mejorar el marco normativo y la impartición de justicia.
El Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Antonio Luna Padierna, aseveró que no se pude dejar a las instituciones de impartición y procuración de justicia sin elementos para actuar en contra del crimen, pero también es importante garantizar a los ciudadanos sus derechos humanos.
En tanto, el Diputado local, Efraín Morales Sánchez, expuso que el tema del arraigo es fundamental y controversial para la vida en la ciudad de México, por ello la ALDF lo coloca en su agenda para ponerlo a debate y construir un marco normativo más eficiente.
En su oportunidad, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, enfatizó que sólo solicitan la medida de arraigo para investigar delitos graves. Indicó que de septiembre de 2011 a septiembre de 2012 de 269 personas consignadas (de un total de 314), es decir, 95% de órdenes de aprensión derivaron de una investigación realizada por la medida de arraigo.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, sostuvo que el arraigo no es una condena previa, es una medida cautelar avalada por la Constitucionalidad que debe aplicarse con mesura y sin vulnerar derechos humanos.
El Director General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, apuntó que existen ocho Recomendaciones de instancias internacionales que han solicitan al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo, ya que fundamentalmente afecta libertad de personas y posibilita la practica de la tortura.
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