“Nosotros los pescadores tenemos que cuidar nuestros recursos y exigirle a la autoridad legislativa que participe de las buenas decisiones del sector pesquero artesanal”, dijo Eduardo Moraga Acevedo, presidente del Sindicato de Pescadores de El Quisco, Chile, durante su ponencia ante senadores y diputados mexicanos en el marco del “Primer Ciclo de Conferencias Mares y Costas Desde Nuestras Comunidades”, realizado en el recinto del Senado.
Moraga Acevedo expuso el caso de la comunidad pesquera de El Quisco, Chile, la cual en 1990 de manera voluntaria estableció una reserva marina (área de no pesca) de 52 hectáreas, después de percatarse de que durante los veinte años anteriores su producción se había reducido en un 80%.
“Por la propia necesidad que teníamos como pescadores de regular la extracción del recurso para hacerlo sustentable es que decidimos establecer y cuidar esta reserva”, declaró el líder de esta cooperativa, quien explicó que para 1997 un estudio comparativo arrojó que las variaciones de la población del molusco comúnmente denominado “loco” (conchalepas conchalepas) eran de 4 a 1 entre la zona protegida y la zona de pesca (120 mil y 30 mil individuos, respectivamente).
Lo destacable del caso chileno es que en ese mismo año el Congreso expidió la Ley Nacional de Concesiones Marinas, la cual reconoce el esfuerzo de conservación de las comunidades costeras otorgándoles concesiones exclusivas de manejo por cincuenta años.
El caso mexicano: Isla Natividad
El caso mexicano fue presentado por el biólogo Antonio Espinoza Montes, técnico de la cooperativa “Buzos y Pescadores” de Isla Natividad, BCS. En 2006, esta organización decidió de manera voluntaria cerrar totalmente a la pesca alrededor del 10% de su concesión abulonera para recuperar las poblaciones de dicha especie.
Las reservas marinas funcionan como una cuenta de banco, ya que las larvas migran hacia los sitios adyacentes pesqueros. Tras tres años de haberse establecido la reserva en Isla Natividad, la producción de larvas aumentó en un 40%
Durante su ponencia, Espinoza Montes subrayó que “las reservas marinas no solo sirven como instrumento de conservación, sino también para hacer más resistentes los ecosistemas ante el fenómeno del cambio climático que ya está afectando la pesca.”
En la península de Baja California, la pesquería de abulón es una tradición que ha fundado economías rurales sólidas. Las cooperativas gozan del privilegio exclusivo y bien delimitado de explotación de los recursos de alto valor, lo cual les ha permitido generar empleos de calidad e invertir en la restauración de los ecosistemas.
Al respecto, Antonio Espinoza concluye “Con el trabajo en la cooperativa se ha logrado el entendimiento del pescador de las nuevas tendencias de manejo de los recursos, integrando la parte de desarrollo social. Es importante incluir esta dimensión y no solo la ambiental, de manera que se permita que las comunidades progresen.”
Eduardo Rolón, director de Políticas Públicas de COBI subrayó sobre los casos presentados: “Nos demuestran que las comunidades pesqueras son centrales para la conservación de los ecosistemas marinos. En México, una de las tareas de los legisladores es apoyarlas a través del establecimiento de figuras legales que faciliten sus esfuerzos de manejo marino, permitiendo a las comunidades ser participantes activos no solo en el aprovechamiento de recursos, sino también en su restauración y conservación”.
El evento fue clausurado por el Senador Francisco López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca del Senado, y organizado por Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) en colaboración con Environmental Defense Fund México, el Instituto Nacional de Ecología y las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Pesca, con el objetivo de que senadores y diputados escucharan de viva voz las experiencias exitosas de comunidades pesqueras en México y Chile que realizan un manejo sustentable de los recursos marítimos.
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