Foto: Gabriela Mendoza Vázquez
CIMAC
La pobreza que lacera a las comunidades indígenas del estado de Guerrero ha obligado a que familias completas salgan de sus comunidades en busca de trabajo, y por ello entre 2012 y 2013 se registraron 8 mil 400 personas que emigraron a los campos agrícolas, de las cuales el 47 por ciento son mujeres.
En su mayoría indígenas, hablantes de lenguas originarias y analfabetas de entre 16 y 60 años de edad, salen de sus hogares ubicados en zonas marginadas y con pobreza extrema para emplear su fuerza de trabajo en actividades agrícolas, es decir, se dedican a escarbar, deshierbar, plantar y pizcar frutos.
Esta es una realidad que se refleja en el informe “La Montaña de Guerrero, tierra de mujeres migrantes”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el cual se presentó recientemente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Durante la presentación, Abel Barrera, director de Tlachinollan, explicó que en las comunidades de esta región de Guerrero existen las condiciones propias para expulsar a sus habitantes. Por ejemplo dijo que 38 de los 81 municipios de la entidad están en condiciones de alta marginación, es decir casi el 50 por ciento.
Mencionó además que la población indígena enfrenta graves violaciones a sus Derechos Humanos, prevalece la desnutrición, la ausencia de servicios básicos de salud, vivienda y educación, y además la militarización y el desempleo agravan el trabajo en el campo y fomentan la violencia doméstica.
El activista destacó que la migración va en aumento pese a que las personas que abandonan su hogar enfrentan escenarios adversos y hasta formas modernas de esclavitud, que se manifiestan en precarias condiciones de trabajo, alojamiento, transporte y educación.
Barrera agregó que las cifras recogidas por este Centro de Derechos Humanos y por el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña muestran la alta movilidad de las mujeres, que pueden ir con sus esposos, en compañía de sus hijos, o que las niñas acompañen a sus hermanos, abuelos o tíos.
Según este informe, la migración no sólo involucra a las personas adultas, sino que incorpora a niñas, niños, jóvenes y mujeres embarazadas que se desplazan a los campos agrícolas sin que haya programas de gobierno para atender sus necesidades ni sus condiciones específicas.
En el caso de las mujeres, destaca que ellas empiezan a trabajar desde los siete y hasta los 50 años de edad sin oportunidades de empleo formal en sus zonas de origen, sin propiedad de la tierra para cosechar, sin acceso a los créditos para el campo, y con magros apoyos del Estado, lo que las hace vulnerables y acrecienta el número de jornaleras.
Ante la importancia que han cobrado las mujeres migrantes, Tlachinollan propuso a los legisladores que fortalezcan el componente social de los programas de atención para las personas jornaleras, porque dijo que la política social no puede limitarse a la trasferencia de recursos, sino que además se asesore a estas mujeres sobre sus derechos laborales.
Asimismo pidió que se promueva un marco jurídico para que los albergues de los campos agrícolas, donde se hospedan las jornaleras, contengan estándares mínimos, que se supervisen estos lugares, y que se diseñen cláusulas que obliguen a las empresas o contratadores a respetar los derechos de estas personas a cambio de subsidios.
Otra recomendación fue que las autoridades competentes incrementen las inspecciones laborales en los campos agrícolas, y así asegurar sanciones para quienes violan los derechos de las y los jornaleros, por lo que el defensor señaló que muchas de estas acciones se pueden implementar de manera inmediata.
Al respecto, Mario Bronfman, representante de la oficina de México y Centroamérica de la Fundación Ford y quien financió el informe, destacó que la migración es un tema central del desarrollo humano y por ello los gobiernos deben hacer de esto una opción y no un destino.
Afirmó que es necesario hablar de este tema porque pasa invisible, pese a que las mujeres siempre han estado en los procesos migratorios, razón por la cual se debe hablar de las condiciones y las agresiones que ellas enfrentan.
Bronfman dijo que según datos de la Pastoral de la Movilidad, el 75 por ciento de las migrantes en trayecto sufren una agresión sexual y por ello hay que hablar de las jornaleras que son migrantes internas en México, y que deben ser base para que los legisladores tomen decisiones.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la priista Miriam Cárdenas, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la perredista Amalia García, coincidieron en que la migración femenina es una forma de buscar mejores oportunidades de desarrollo, y México debe ser congruente con lo que exige a Estados Unidos.
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(CIMAC)
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