Foto: Crisol Plural
Grupos civiles aseguraron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la entrada en vigor del sistema penal acusatorio (juicios orales) en México –que busca garantizar los Derechos Humanos (DH), el debido proceso y el acceso a la justicia–, ha sido un proceso lento, con obstáculos y hasta retrocesos.
Las organizaciones Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Instituto de Justicia Procesal Penal, presentaron ante la CIDH la situación del sistema judicial mexicano y denunciaron el abuso excesivo de la prisión preventiva y el arraigo.
Ante la exposición de las agrupaciones, el comisionado James Cavallaro explicó que el uso frecuente del arraigo y la prisión preventiva son temas que preocupan al organismo, por lo que pidió al Estado mexicano revisar si hay posibilidades de restringir estas figuras, sin embargo la delegación mexicana afirmó que son medidas limitadas.
En la audiencia ayer en la sede de la CIDH en Washington, José Luis Gutiérrez Román, director de Asilegal, señaló que antes del decreto de junio 2008 para implementar el nuevo sistema de justicia las personas debían demostrar su inocencia y las instituciones estaban marcadas por la corrupción y la desigualdad.
Por ello la idea de la reforma era adoptar un sistema que garantizara los DH, el debido proceso y el acceso a la justicia, sin embargo activistas aseguraron que a cinco años de iniciado el proceso el cambio ha sido lento, con obstáculos y hasta con retrocesos porque persisten prácticas como el arraigo.
Gutiérrez Román explicó que hasta ahora sólo tres entidades federativas han implementado el nuevo sistema (Chihuahua, Morelos y Estado de México), 10 están en operación parcial, seis en entrada en vigor, y 13 en etapa de planeación, lo que significa que se usan el viejo y el nuevo sistema a la par.
El activista explicó que si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 habla de la “reinserción efectiva” (que las personas purguen condenas y no vuelvan a cometer delitos), en la realidad se sigue privilegiando la privación de la libertad, pues hasta enero pasado sólo se otorgaron 19 mil 946 sustitutos penales (una pena distinta a la prisión), y 143 mil 724 sentencias privativas de libertad.
Activistas llamaron a la CIDH a poner atención a este tema en México y darle seguimiento a fin de que se constate si se respetan principios como la presunción de inocencia en el marco del “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, que realizó el organismo y que presentó en días recientes.
=AGM=
(CIMAC)
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