Camerino Márquez
Foto: Proceso
El representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez, aseguró que el litigio que el empresario Rafael Goycoolea interpusiera en contra de su partido por servicios prestados al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, durante los 47 días del plantón en Reforma no ha terminado, pues se detectaron actos fraudulentos en su reclamación, lo cual ya se investiga por la vía penal.
Entrevistado por Paola Rojas, el perredista dijo que debido a que el juicio se llevó a cabo por las vías penal, civil, mercantil y la del amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino y determinó el pago al reclamante.
Sin embargo, el IFE intervino porque es la instancia mediante la cual se regulan los partidos políticos y será la que descuente de las prerrogativas al PRD una cantidad acordada ayer por la mayoría de los consejeros.
Cabe recordar que el productor Rafael Goycoolea Incháustegui promovió el juicio por servicios prestados al equipo organizador de la campaña de López Obrador, más el apoyo en sonido y carpas durante 47 días que duró el plantón de Reforma y algunas calles del Centro Histórico, en el 2006.
Y ante ello, la SCJN ordenó la retención de 25 millones 134 mil 634 pesos de prerrogativas del PRD para pagar la deuda, ante lo cual, el Consejo General del IFE se vio obligado a acatar el mandato respectivo en ocho mensualidades.
El PRD hizo una petición para que pudiese cubrir el pago en ocho mensualidades, en lugar de una sola exhibición, como exigía el quejoso.
Al respecto, el representante dijo que se trata de un litigio que todavía no concluye y explicó que se trata de una cobranza de 11 facturas por diferentes prestaciones de servicio con un empresario que alteró varios documentos, por lo que el PRD inició un proceso penal que está abierto y que de comprobarse el fraude la resolución quedaría sin efecto.
«Como partido acatamos la determinación de la SCJN pese a que es un precedente novedoso, único, porque las prerrogativas son recursos públicos actividades específicas determinadas por la Constitución (…), ya el Tribunal Electoral había considerado que eran inembargables porque eso no se deriva de la actividad electoral, pero la SCJN no analizó si era constitucional».
Insistió que ante la alteración de documentos «se presume una práctica fraudulenta, de abuso de confianza, pero eso lo determinará el juez que lleva la causa penal (…) llegó a la SCJN por la vía de amparo a la Corte y nos compete acatarlo, pero si se prueba la alteración de documentos la resolución quedará sin efecto».
Dijo que el pago es por 11 facturas derivadas de la prestación de servicios y contratos con el empresario, «no tengo detalles pero deriva de la renta de templetes y otras cosas que habría que especificar montos.
Por otro lado, explicó porque 12 millones de pesos de la campaña presidencial del año pasado fueron a parar a las arcas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dijo que como Asociación Civil legalmente conformada prestó servicios de capacitación a representantes de casilla y ese monto corresponde a los manuales que para ese fin se imprimieron.
Dijo que la Unidad de Fiscalización del IFE tomó este dato como no reportado, pero aseguró que ese monto fue utilizado legalmente y como gasto de campaña, es decir, que Morena fungió como prestadora de un servicio.
Finalmente, consideró que si Morena obtiene su registro como partido político, derecho que tiene todo grupo legítimamente conformado, aportará a la diversidad de opinión y enriquecerá el debate.
=Notimex=
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