Foto: CMC Prensa América
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 379 votos a favor modificaciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector de la población, así como para proteger y reconocer sus derechos.
En la fundamentación del dictamen, la diputada priísta Aurora Denisse Ugalde Alegría destacó que esta es una iniciativa de diputados de distintas fracciones políticas, quienes coinciden en el mismo objetivo: “reconocer las garantías de los discapacitados en todos los campos del acontecer nacional”.
Con las enmiendas, detalló, se protege y garantiza en los tres niveles de gobierno el acceso de los discapacitados a una educación íntegra, a un sistema de salud adecuado, a derechos laborales, vivienda, acceso a edificios públicos y privados, transporte y actividades deportivas.
“Este dictamen es muy noble en sus objetivos y metas, representa un paso fundamental para lograr, por medio de una plena inclusión e integración a la sociedad, cambios profundos en las personas que viven con algún tipo de discapacidad en nuestro país”, sostuvo.
En el documento se añade como facultad del Ejecutivo federal promover el reconocimiento ante la ley de las garantías de los discapacitados, al igual que el goce de sus derechos a la privacidad, seguridad, protección contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, explotación, abuso y violencia, y su atención en casos de riesgo o emergencia en igualdad de condiciones.
El titular de este poder, agregó, tendrá que incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos para ejecutar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de fomentar la participación de los tres órdenes de gobierno para aplicar las políticas públicas.
Se puntualizó la necesidad de reformar el artículo 4 de la citada ley para que la Administración Pública ponga especial atención a los casos de personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien, que requieran mayores apoyos en la toma de decisiones.
Asimismo, se busca incorporar en los artículos 28 y 30 del mismo reglamento el respeto a sus garantías en materia de acceso a la justicia -adecuada a su condición y en forma gratuita-, siendo obligación de las instituciones que la imparten observar “en todo momento los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad”.
El dictamen fija como acciones pertinentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) integrar en los libros de texto gratuito información de las personas en esta condición, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, y para infundir la importancia de integrar a dicho sector en la comunidad,
Se establece también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) promoverá convenios con los medios de comunicación, para difundir en radio y televisión una imagen de los discapacitados bajo las premisas de dignidad y de respeto a la diversidad humana.
Para fortalecer el acceso a los avances educativos, la SEP deberá proporcionar equipos computarizados con tecnología, hardware y software adecuados para la necesidad de cada individuo, según la discapacidad, en afán de brindarles servicios educativos equitativos.
Señala que es tarea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) atender las competencias y derechos de las personas con discapacidad al momento de diseñar y ejecutar las políticas para su inclusión laboral en los sectores públicos y privados.
Para facilitar el derecho a la vivienda e infraestructura, se vuelve obligatorio en los mismos sectores cumplir con la normatividad en la materia y el diseño universal tanto en proyectos de construcción como de modificación de viviendas para personas con discapacidad.
Se insta a las instituciones privadas de vivienda a otorgar facilidades para recibir créditos para la adquisición de viviendas a quienes se encuentran en esta condición, además de hacer partícipes a aquellas instalaciones con acceso público para que garantice a dichas personas accesibilidad a la infraestructura y servicios que prestan.
En materia de salud, la instancia federal a cargo de administrarla (la Secretaría de Salud) promoverá el derecho de personas con discapacidad contemplándolas como usuarios en los programas generales de salud en condiciones de igualdad, además de especificar los apoyos que requieren en el certificado de reconocimiento y calificación que expide a estos individuos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debe asegurar el acceso y uso de los deportistas de alto rendimiento con discapacidad a las mismas instalaciones, servicios y beneficios que todos los deportistas de alto rendimiento.
El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con discapacidad, fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
=Cámara de Diputados=
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