Llega al Congreso iniciativa para despenalizar aborto en Guerrero

Foto: César Martínez López CIMAC

Foto: César Martínez López
CIMAC

El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, envió al Congreso local una iniciativa de decreto para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal y como está legislado actualmente en el Distrito Federal.

Ayer en una ceremonia efectuada en el Palacio de Gobierno de la entidad, Aguirre Rivero firmó y envió al Congreso estatal la iniciativa “Por una maternidad libre y segura”, a fin de modificar, reformar y adicionar el Código Penal de Guerrero y la Ley Estatal de Salud.

La iniciativa propone modificar el artículo 116 del Código Penal local, para definir que el “aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Se agregan también a la Ley 1212 de Salud del estado los artículos 86 Bis y 86 Bis-1. El primero establece que las instituciones públicas de salud “deberán proceder a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, cuando las mujeres así lo soliciten”.

Especifica también que el aborto deberá realizarse en un plazo de cinco días, contados a partir de la solicitud y satisfechos los requisitos de ley, además de que las instituciones públicas de salud del estado atenderán las peticiones aun cuando las mujeres solicitantes cuenten con algún otro servicio de salud público o privado.

El artículo 86 Bis-1 estipula que en caso de que el médico tenga creencias religiosas o convicciones personales que no le permitan interrumpir el embarazo deberá “referir a las mujeres con un médico no objetor”, y que cuando el aborto sea urgente para salvaguardar la salud o la vida de las mujeres no podrá invocarse la objeción de conciencia.

De acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, Aguirre Rivero expresó que la iniciativa tiene como objetivo primordial “garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a la libertad, a la autonomía, a la igualdad y no discriminación”, y que el acceso al aborto seguro es un asunto de salud, por lo que “se trata de prevenir muertes de mujeres que se practican abortos de manera clandestina, principalmente las de escasos recursos económicos”.

Según cifras oficiales retomadas por grupos civiles, la tasa de hospitalización por abortos inducidos en Guerrero es de 5.0 por cada mil mujeres, mientras que 46.1 por ciento de embarazos no deseados termina en un aborto inducido.

De 2011 a 2013 se registraron 170 muertes maternas en el estado, el 5 por ciento de ellas fueron provocadas por abortos inducidos, lo que representa la tercera causa de muerte de mujeres en la entidad, según las y los activistas.

Actualmente el Código Penal local considera que comete el delito de aborto “el que cause la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Además sólo considera tres causales para acceder al aborto: cuando sea “por culpa de la mujer embarazada”, cuando el embarazo sea producto de violación sexual o inseminación artificial indebida, y “cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves”.

No obstante, según el informe “Omisión e indiferencia”, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de 2007 a 2012 en Guerrero sólo se dieron tres autorizaciones de aborto por violación por parte de la Procuraduría de Justicia local.

De acuerdo con datos de GIRE, de 2007 a 2012 se iniciaron 12 procesos penales contra mujeres por el delito de aborto y se emitieron dos sentencias. Se desconoce cuántas consignaciones se hicieron en total.

Uno de los casos emblemáticos de criminalización por aborto en el estado es el de Adriana, indígena tlapaneca encarcelada desde 2006 por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, cuando en realidad presentó un aborto espontáneo.

La joven fue condenada a 22 años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo. Su liberación inmediata fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero pasado.

 

=AZM=

(CIMAC)


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