Lograrán casinos autorización vía amparo

Foto: Animal Político

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Al menos 305 casinos de siete permisionarios lograron su autorización por la vía de los juicios de amparo y de garantías durante el sexenio pasado, por lo que la Comisión Especial de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados investiga la probable simulación, negligencia o complicidad de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación en los litigios correspondientes.

“Son permisos, en su mayoría, que derivan de resoluciones judiciales, es decir, hay una constante, en términos de que a través de litigios ante los tribunales federales se lograron hacer de estos permisos, y para eso es muy importante que nosotros tengamos conocimiento y certeza de si fueron juicios que se siguieron con todo profesionalismo, con toda atención, o si hubo negligencia, o incluso simulación, para dejarse perder y así otorgar de esta manera estos permisos”, advirtió el diputado Ricardo Mejía, presidente de la comisión.

En ese contexto, la directora general de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, asistirá el próximo martes a una reunión de trabajo con los diputados federales para explicar la situación legal de los casinos en operación y detallar la actuación de los servidores públicos derrotados en los litigios enumerados en una relación que la Secretaría de Gobernación entregó a la Cámara de Diputados.

En entrevista con MILENIO, Mejía insistió en la necesidad de revisar la actuación de las autoridades administrativas y judiciales, “porque se pueden estar prestando a maniobras de tipo legal para finalmente aterrizar estos permisos; nosotros queremos que haya total trasparencia, que se aclare la verdad; nosotros no tenemos nada contra esta industria, pero tampoco estamos de acuerdo en que a través de estos manejos se puedan concretar permisos, porque atrás de esto puede haber corrupción o tráfico de influencias”.

El legislador de Movimiento Ciudadano reafirmó así la intención de invitar a ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación para conocer los criterios para otorgar o revocar permisos en medio de procesos judiciales, “pues es necesario tener claridad del modo como se operó y descartar si hubo o no intervención de los funcionarios para beneficiar a determinadas empresas”.

Entre los ex funcionarios que serían convocados por la comisión especial destacan Obdulio Ávila Mayo, ex subsecretario de Gobernación; Araceli Barroso, ex titular de la Dirección de Juegos y Sorteos; Carlos Armando Reinoso, ex titular de la Unidad de Gobierno, y José Epigmenio Zermeño, ex funcionario de la misma dependencia.

Los permisionarios con autorizaciones derivadas de litigios perdidos por el gobierno federal son Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua (60 centros de apuestas remotas y 60 salas de sorteos de números), Cía. Operadora Megasport (un hipódromo y 64 centros de apuestas remotas con salas de sorteos de números) y Atracciones y Emociones Vallarta (46 centros de apuestas remotas con salas de sorteos de números).

De acuerdo con los documentos oficiales en poder de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, se encuentran también en ese caso Juegos y Sorteos de Jalisco (35 establecimientos), Divertimex (22), Recreativos Marina (14) y Petolof (4).

El diputado Mejía anticipó que la comisión pedirá a González Salas todas las facilidades para conocer los expedientes de los 32 permisos vigentes, así como para revisar el historial de los juicios por los que se otorgaron los mismos.

“La Comisión Especial también revisará la situación que guardan las licencias de funcionamiento que a nivel local se están dando por parte de gobiernos estatales y municipales, porque la problemática de los establecimientos dedicados a juegos y sorteos no solo atraviesa por el orden federal, sino también en las entidades federativas existen problemas que hay que atender con relación a esta industria”, puntualizó.

El diputado reconoció la necesidad de actualizar la legislación que regula a la industria de juegos y sorteos en México, vigente desde 1947, pues se debe actualizar para fin de generar certeza jurídica y condiciones de seguridad.

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(Milenio.com)