Foto: NTR Zacatecas
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México fue acusado de violar las garantías individuales de las mujeres víctimas de la trata de personas y del desplazamiento interno por la ola de violencia que azota al país.
El pasado 1 de noviembre, durante el 149 periodo de sesiones de la CIDH -celebrado del 24 de octubre al 8 de noviembre en Washington- se realizaron cuatro audiencias contra el Estado mexicano en las que organizaciones civiles solicitaron a las y los comisionados visitar nuestro país y corroborar la situación.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM) y el Colectivo contra la Trata de Personas denunciaron que hasta la fecha los esfuerzos gubernamentales para combatir el delito de trata se enfocan en la sanción, pero no en evitar que más mujeres y niñas sean «enganchadas» por la redes de trata, y tampoco en garantizar la reparación del daño y acceso a una adecuada e integral atención en salud a las víctimas.
Por su parte, integrantes del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por su siglas en inglés) expusieron ante las y los comisionados de la CIDH que el creciente contexto de violencia en el territorio mexicano deriva en que cada vez más mujeres acompañadas o no de su familia abandonen sus lugares de origen, y se trasladen a lugares que no les garantizan una mejor calidad de vida.
Pidieron realizar un diagnóstico nacional del fenómeno que identifique cuáles son los municipios violentos de donde más personas se están yendo y hacia dónde, así como la cantidad real de personas que viven la «grave y dramática» problemática del desplazamiento forzado.
En esa petición coincidió el comisionado Rodrigo Escobar Gil al solicitar al Estado mexicano que además de un registro, construya un marco legal y programas específicos para atender a la población desplazada.
En respuesta a tales denuncias, las y los representantes del Estado mexicano únicamente presumieron la legislación en materia de Derechos Humanos (DH), y anunciaron una serie de supuestos avances a favor de las víctimas.
Por parte de las autoridades mexicanas, acudieron ante la CIDH la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón; la secretaria general del Consejo Nacional de Población, Patricia Chemor Ruiz, y el subprocurador de DH de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes.
Cabe recordar que en agosto pasado se informó que el 20 por ciento de las mil 958 denuncias que recibió en 2012 la CIDH correspondieron a México, lo que lo coloca a nuestro país con el mayor número de acusaciones presentadas ante el mecanismo de la Organización de Estados Americanos.
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(CIMAC)
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