Foto: Zoom 95
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, diputadas, funcionarios federales, embajadores, procuradores estatales y sociedad civil se manifestaron por que se trabaje de manera coordinada para erradicar este delito y logar más sentencias y mayores sanciones contra los culpables, y se proteja a las víctimas.
La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, diputada Leticia López Landero (PAN), refirió que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2012, los menores de edad representaron el 27 por ciento de todas las víctimas de este crimen.
De esta proporción, México, aseguró, contribuye con un 35 por ciento, ubicándonos en un penoso primer lugar a nivel Latinoamérica en este rubro.
Somos, afirmó, un país de origen, tránsito y destino de trata de personas y ningún estado está exento de “este lacerante delito”; de ahí la importancia de conocer los avances y observaciones de los operadores de la ley.
En la Reunión Nacional sobre Procuración de Justicia y Trata de Personas, realizada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, López Landero consideró que se debe trabajar por un México libre de trata de personas, pues el tema es delicado y vulnera a la sociedad.
Ante los procuradores de Justicia de Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Yucatán, Sonora, Chiapas, Tlaxcala y Distrito Federal, así como representantes de 16 procuradurías estatales, reconoció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
“Este Reglamento nos permitirá seguir avanzando, ya no habrá pretextos para hacer más por los desprotegidos”, expresó.
Indicó que las víctimas de trata deben ser protegidas, pues aprobar leyes sin hacerlas cumplir es ineficaz, mientras que el cuidado a las mismas, sin la acción de las autoridades, es inadecuada. “En España, pese a los altos índices de trata de personas, sólo cuenta con 9 sentencias, y nuestro país tiene más de cien”.
Reconoció al Congreso de la Unión por la aprobación de una ley que dota a México de una herramienta que cumple con los estándares internacionales, ya que ahora las víctimas deben tener un papel relevante en la investigación, contar con cuidados especiales y recibir un trato diferenciado a otras víctimas.
Sostuvo que el tema de trata de personas debe resolverse por todos, “sin protagonismos ni interés partidista. Para erradicar esta forma de esclavitud, se debe trabajar de forma coordinada y a favor de los más vulnerables”.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI), secretaria de la Comisión Especial, dijo que este tipo de reuniones ayudará a tomar acciones eficaces para que las procuradurías, a través de averiguaciones previas sustentadas, “logren sentencias para poner a los responsables detrás de las rejas”.
A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, expresó que la trata de personas es un crimen atroz, pero “si trabajamos juntos como sociedad, lo podremos enfrentar, ya que la responsabilidad de combatir este flagelo es compartido, tanto el problema como la solución”.
Reiteró el compromiso de Estados Unidos para trabajar con México y otros países en la lucha contra la trata de personas por el bien de las víctimas y los principios de dignidad, ya que este delito causa sufrimiento y daña a la sociedad.
La identificación de las víctimas, subrayó, debe ser un elemento esencial de los esfuerzos, por lo que es fundamental priorizar y restaurar la integridad de las víctimas y su reinserción en la sociedad, toda vez que pueden tener un papel fundamental en la lucha contra la trata de personas.
“Ningún gobierno tiene un sistema perfecto de identificación de las víctimas. Mi país no es excepción, por lo que estamos trabajando para mejorar nuestros propios esfuerzos para combatir este delito”, aseguró.
Estados Unidos, expresó, continuará trabajando en conjunto con cualquier gobierno en este reto. “México puede contar con mi país para desarrollar estrategias nuevas y más efectivas para combatir la trata, pues debemos restaurar la vida de hombres, mujeres y niños que han sido víctimas de este crimen, y fomentar sociedades en las cuales sus ciudadanos pueden vivir sin este tipo de explotación”, afirmó.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, puntualizó que con la publicación del Reglamento, se promueven derechos para que las víctimas puedan acceder a una justicia plena y resarcitoria sin importar nacionalidad, origen o condición social.
Ante la presencia de los procuradores de nueve entidades, Lía Limón se pronunció por dar inicio a una Cruzada Nacional contra la Trata, la cual permita el trabajo conjunto en la detección de estas redes, en la conformación de expedientes y el compromiso del Poder Judicial en la sanción que los jueces puedan dar a los tratantes.
Es indispensable, dijo, trabajar en una mejor integración de expedientes para lograr más sentencias, pues a mayor número de sanciones más posibilidades de desincentivar la comisión de este delito.
“Sancionar y encarcelar a los tratantes contribuirá a que en este país menos gente se involucre en estas redes; si no trabajamos a que haya más casos sancionados y sentencias de poco servirán los avances”, indicó.
Mencionó que el reto está en sensibilizar a los servidores públicos sobre el tema, así como lograr la homologación del tipo penal y sanciones que permitan una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno. “Seguiremos trabajando por erradicar el delito de trata que viola derechos humanos, lacera a familias y corrompe el entorno social”.
El quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, propuso erradicar este grave delito, a través de una estrategia integral, en la que participen todos los actores que directa o indirectamente se encuentran relacionados con la cadena de trata de personas.
Celebró la publicación del Reglamento de la Ley General e hizo hincapié en que “no basta contar con un marco legal adecuado si no se tienen acciones contundentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir de manera integral este delito y brindar la debida atención a las víctimas”.
Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, reconoció la voluntad del Ejecutivo federal por publicar el Reglamento de la Ley contra la trata de personas, pues este paso permite abatir uno de los crímenes más detestables.
Precisó que el Reglamento retoma puntos fundamentales del protocolo de Nacional Unidas contra este delito, ya que incluye tres acciones: prevención, protección de la víctima y persecución del delito.
La presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata A.C., Rosy Orozco, reconoció a los procuradurías que están haciendo su trabajo. Tan sólo la del Distrito Federal tiene 35 sentencias y casi 500 personas rescatadas, y Chiapas, ya tiene 33 fallos. “Acabar con la esclavitud, es la única manera cómo vamos a lograr que el país prospere”, subrayó.
Anunció que se promoverá una campaña para que haya más justicia; es decir, que no sólo vayan a la cárcel aquellas mamás que, por uso y costumbres, venden a sus hijos, sino también “a los seudo empresarios que comercializan a seres humanos y abusan de su vulnerabilidad”.
En su turno, el procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó que desde agosto 2007 se han detenido a 297 probables responsables del delito de trata, de los cuales 282 fueron consignados y, de éstos, 233 están sujetos a prisión, además de que ya existen 35 sentencias condenatorias.
Explicó que a partir de la creación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, se han iniciado 72 averiguaciones previas, rescatado 399 víctimas, efectuado 120 operativos, consignado a 83 personas y asegurado 16 inmuebles.
Además, añadió que del 2009 a la fecha se ha propuesto la Acción de Extinción de Dominio sobre 20 inmuebles de los cuales 3 ya han sido adjudicados al D.F. mediante sentencia, por montos superiores a los 92 millones de pesos.
El director del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, José Galileo de López Juárez, refirió que existe un 75 por ciento en denuncias de trata de personas para explotación sexual y un 10 por ciento por explotación laboral.
Agregó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México de 16 mil a 20 mil personas son sometidas a esclavitud sexual.
El procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, precisó que en su entidad se han rescatado a 390 víctimas de trata, provenientes tanto de México como de Guatemala, Honduras y El Salvador.
De Campeche, el procurador Antonio José Ambrosio Herrera subrayó que a pesar de la baja incidencia de este delito en su entidad, se han registrado 4 averiguaciones desde septiembre de 2012 y rescatado a 15 víctimas.
Marcos Santana Montes, procurador de Justicia de Colima, expresó que este fenómeno atenta contra la dignidad de las personas, por lo que en su estado se han desarrollado políticas públicas de carácter informativo, preventivo y de atención social, así como estrategias de investigación para detectar de forma oportuna estas prácticas y “poder llevar ante la justicia a los transgresores de la ley”.
Víctor Carranca Bourget, procurador de justica de Puebla, consideró que debe acabarse con la indiferencia de la sociedad ante este problema. Pidió etiquetar recursos específicos para el combate a la trata dentro del próximo Presupuesto de Egresos federal.
Por el estado de Tlaxcala, la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, señaló que en su estado se han rescatado a 47 mujeres víctimas de este delito, se han logrado 4 sentencias condenatorias y se han radicado 23 procesos penales.
Estuvieron presentes también Moisés Eduardo Bolaños Bonilla, de la secretaría técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y Marco Vinicio Aguilera Garivay, encargado del Despacho de la procuraduría de Justicia de Michoacán.
=Cámara de Diputados=
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