Foto: Segob
El Gobierno Federal reitera su compromiso pleno con el respeto a los derechos humanos como parte de su política de gobierno, asumiendo el compromiso de atender las recomendaciones que ha recibido del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considerando que muchas de estas recomendaciones ya se están instrumentando.
El Gobierno Federal reconoce la necesidad de fortalecer la atención al problema de desaparición forzada, por lo que desarrolla medidas integrales y efectivas para su erradicación.
En este sentido, la Secretaría de Gobernación (Segob), en cumplimiento a la Recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -en la que encontró evidencia sobre 275 casos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias cometidas en las décadas de los 70´s y 80´s-, estableció un Programa Administrativo de Reparación del Daño para brindar atención a las víctimas y familiares que fueron acreditadas en la misma.
Dicho programa contempla cuatro ejes: i) indemnización; ii) garantía de no repetición; iii) acto de perdón o reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano; y iv) atención integral (salud, educación, empleo) a las víctimas y sus familiares, conforme lo establecen los estándares internaciones en la materia.
Durante el 2011, se cubrió el daño emergente, daño inmaterial y lucro cesante en 24 casos y durante este año se encuentra abierta la convocatoria a todas aquellas familias afectadas y señaladas en la recomendación 26/01 de la CNDH.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales encargada de dar continuidad a esos asuntos, señala que no han sido suspendidas las actuaciones de las investigaciones, con la finalidad de concentrar esfuerzos institucionales y conducir las diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de desaparición forzada de personas y la probable responsabilidad de quienes se ven involucrados en los hechos, apegados siempre a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que son rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de procuración de justicia.
Muestra de ello son las acciones para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, en donde el agente del Ministerio Público de la Federación ha practicado diversas diligencias, como la excavación para la búsqueda efectiva y localización del señor Radilla, o en su caso, de sus restos mortales, apegados al Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y bajo coadyuvancia en la investigación con los familiares, garantizando así el acceso a la justicia.
El Gobierno Federal hace frente a los casos de desaparición forzada reconociendo los hechos del pasado y estableciendo las bases para garantizar que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos fortalezca el nuevo sistema de justicia penal, esperando que la iniciativa que propuso el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en septiembre del 2011 para el Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, instrumento que ayudará a la homogeneización de procedimientos y la atención de delitos como las desapariciones forzadas, sea aprobada por el poder legislativo.
Como se reconoce en el informe del Grupo de Trabajo, el Estado mexicano ha realizado grandes esfuerzos institucionales para prevenir las desapariciones forzadas, incluyendo acciones específicas en los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, se ha puesto en marcha un nuevo modelo policial mediante el cual se ha impulsado la modernización y el fortalecimiento de la Policía Federal, elevando considerablemente sus niveles de profesionalización y de capacitación específica en materia de derechos humanos y en uso de la fuerza. De la misma manera, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para la creación de un Mando Único Policial, para ofrecer una solución a la problemática que enfrentan las distintas fuerzas policiales del país en sus ámbitos locales y municipales, la cual se encuentra en análisis en el Congreso de la Unión.
Como señaló el Presidente de la República en la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para ofrecer justicia a los ciudadanos es necesario que se conozcan cada uno de los casos en los que exista una persona no localizada.
En ese sentido, el Gobierno Federal trabaja en la construcción de una base de datos de personas no localizadas, en cumplimiento de las obligaciones de las autoridades competentes en la materia, en colaboración con las entidades federativas, y en consistencia con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, así como de la CNDH y de organizaciones de la sociedad civil. Sin duda, la implementación de la bases de datos constituye un aspecto fundamental de cooperación entre autoridades para investigar debidamente todos los casos en la materia y evitar así la impunidad.
De la misma manera, el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXXII Sesión, suscribió el acuerdo para que las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas implementen el nuevo protocolo de la Procuraduría General de la República que contiene mecanismos de identificación genética, antropométrica y dactilar.
Destaca también la aprobación la semana pasada por parte del Congreso de la Unión de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene como objeto establecer un registro que permita una coordinación entre la Federación y las entidades federativas sobre personas extraviadas o desaparecidas, así como aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.
Igualmente, el Ejecutivo Federal presentó, en octubre de 2010, una iniciativa de reforma al artículo 215-A del Código Penal Federal, que propone armonizar la tipificación del delito de desaparición forzada de personas con los estándares internacionales en la materia, en cumplimiento de la sentencia Radilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual está en discusión en el Congreso de la Unión.
Asimismo, la reciente creación de la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas del Delito (PROVICTIMA), la cual tiene como uno de sus objetivos coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, coincide con algunas de las recomendaciones señaladas por el Grupo de Trabajo.
Con todas estas acciones, el Gobierno Federal reitera su compromiso con los derechos humanos y con el combate a este delito.
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