Foto: Reziztek La Coctelera
El Estado mexicano cuenta con todas las herramientas jurídicas necesarias para juzgar, esclarecer y garantizar la reparación del daño a las víctimas de delitos del pasado, tales como crímenes de lesa humanidad y genocidio, que indudablemente se han cometido en el país, advirtieron juristas y académicas.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos como Guatemala y Argentina –donde se llevan a cabo juicios, procesos de reconciliación y búsqueda de la verdad por crímenes del pasado–, en México “hace falta voluntad política” para que a las víctimas se les procure el acceso a la justicia, consideraron.
Lo anterior lo señalaron hoy Yassmín Barrios, jueza del Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala, quien enjuició e incluso sentenció al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, y Daiana Fusca, colaboradora del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina (CELS) –organización que litiga e investiga los crímenes cometidos durante la dictadura militar–, durante el Foro Nacional sobre Delitos del Pasado realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Ahí expusieron las experiencias favorables que se han vivido en sus respectivos países para dar con los responsables de matanzas, desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra y genocidio cometidos en las dictaduras militares y conflictos armados.
Ambas recalcaron que estos delitos son imprescriptibles, es decir, pueden ser juzgados en cualquier momento. Además coincidieron en que el juzgamiento y esclarecimiento de los delitos del pasado es primordial para conquistar la paz y la democracia en un país, pues al procurar el acceso a la justicia se asegura que la impunidad no impere, con lo que se garantiza también la no repetición de los hechos.
En Guatemala desde hace cuatro años operan los Tribunales de Mayor Riesgo en los que –explicó Barrios– se juzgan el narcotráfico, el feminicidio y los crímenes del pasado.
Fue en ellos que se decidió y desarrolló el histórico juicio contra Ríos Montt, acusado de la matanza de mil 771 indígenas ixiles, de las cuales se le encontró responsable, pero la sentencia de 80 años de prisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad al ordenar la reanudación del juicio.
Mientras que en Argentina desde hace varios años se lleva un proceso de memoria y lucha contra la impunidad que derivó, entre otras cosas, en que se determinara la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto final” y “Obediencia de vida”, con las que se pretendió cerrar los casos y que los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura no fueran castigados.
De acuerdo con el CELS, hasta hoy un total de 2 mil 71 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 fueron condenadas y 35 absueltas.
Estos avances fueron posibles por varios factores, entre los que se encuentra la ratificación de convenios y tratados internacionales que brindan un marco legislativo bastante amplio en materia de Derechos Humanos (DH), contexto que se repite en México, destacaron las ponentes.
Barrios consideró que México cuenta con todas las herramientas necesarias para que estos mismos procesos se lleven a cabo, pues se cuenta con un marco normativo internacional, con sentencias de la Corte Interamericana de DH y con recomendaciones de la Comisión Interamericana de DH, las cuales brindan un marco referencial para “sentenciar en nombre del pueblo”.
Recalcó que hay condiciones básicas de juzgamiento que se deben garantizar en un primer momento, como son la voluntad política y jurídica que se logra mediante una buena elección de jueces para garantizar que no se favorecerán intereses de algunos y otros. “No existe ningún conflicto jurídico para que esto se pueda realizar en México”, acotaron.
A decir de Florencia Ruiz, investigadora de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), existen pruebas de que en el país también se han perpetrado en distintos momentos históricos genocidio y delitos de lesa humanidad. No obstante, hasta ahora nadie ha sido enjuiciado, investigado o procesado por su relación o responsabilidad con estos delitos.
Destacó que a través del informe realizado por la FEMOSPP se pudieron constatar varios de eso crímenes, pero las autoridades responsables desestimaron e incluso desacreditaron el documento.
Cabe recordar que el Estado mexicano, al igual que Argentina y Guatemala, ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero al hacerlo determinó que sería aplicable para los delitos cometidos a partir de su ratificación, es decir los delitos de este tipo cometidos desde marzo de 2002.
=AZM=
(CIMAC)
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