Modernizar las leyes con visión de largo plazo mejorará la gestión del agua: Conagua

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Para fortalecer las políticas públicas y garantizar el derecho al agua potable, se requieren cambios fundamentales que modernicen y den la visión de largo plazo a las leyes relacionadas con la administración del agua, en las cuales también se deben delimitar las competencias institucionales y fortalecer la participación de la sociedad en la toma de decisiones, concluyeron los expertos reunidos en el Cuarto Coloquio Jurídico Internacional, organizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En materia ambiental, por ejemplo, consideraron que es básico precisar las competencias de los tres órdenes de gobierno y de las instituciones involucradas, directa o indirectamente, en la gestión del agua, para que los sectores de usuarios —gobiernos locales, industriales y agricultores— tengan más certidumbre sobre la gobernanza del agua.

Asimismo, coincidieron en que se deben reforzar los lineamientos sobre las cuencas transfronterizas, para resolver las controversias hídricas con los países vecinos, pues aunque hay 318 acuerdos internacionales específicos que facilitan el manejo del agua, aún está pendiente el manejo de las cuencas tributarias del sur.

Acordaron también que se debe actualizar el marco jurídico para facilitar la implementación de las políticas públicas y hacer más eficiente el trabajo de las instancias que administran directamente los recursos hídricos.

Durante las conferencias, talleres y mesas de análisis desarrolladas en el coloquio, se determinó que es fundamental fortalecer las acciones colectivas para proteger al agua y al medio ambiente, ya que es difícil que sus agresores sean sancionados.

Otra de las conclusiones fue consolidar la gobernanza mediante el intercambio de información y conocimientos con la sociedad.

Finalmente, manifestaron la necesidad de modificar los esquemas de financiamiento para posicionar al agua como un elemento impulsor del desarrollo de diversos sectores, mediante la construcción de más infraestructura para su uso eficiente, almacenamiento y distribución, lo que sumado a la disponibilidad suficiente y el uso sustentable del agua, da más oportunidades de crecimiento y, por tanto, mejora la calidad de vida a la población.