Foto: CNN México
La reforma que restringe el fuero militar –que aún espera ser promulgada por el Ejecutivo federal– será un triunfo y una puerta para la justicia cuando los ministerios públicos cumplan sus facultades y empiecen a investigar a los militares que violen Derechos Humanos (DH) de civiles, y lleven los casos ante los juzgados.
Al participar en una mesa redonda sobre tortura sexual, mujeres agredidas y personas defensoras de DH reconocieron que la reforma, avalada por el Senado y la Cámara de Diputados, y que permite que los soldados sean juzgados en tribunales civiles, es un avance, pero advirtieron que hay que esperar que los casos deriven en sanciones a los culpables.
Nancy López Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), acotó que a pesar de la reforma la estrategia de seguridad ha cambiado muy poco, ya que las fuerzas armadas aún están en las calles haciendo tareas de seguridad y en contacto con la ciudadanía.
Por ello consideró que la mejor forma de mostrar el compromiso con este tema es la investigación y la sanción de delitos cometidos por soldados contra civiles, pues hasta ahora tampoco se han visto cambios en la administración y procuración de justicia en casos donde se involucra a personal castrense.
Cabe recordar que la CMDPDH fue la primera organización que logró que un organismo internacional se pronunciara sobre el fuero militar en México, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenciara al Estado mexicano por su responsabilidad en el caso de Rosendo Radilla, líder social desaparecido en 1974 a manos de militares.
La abogada explicó que como organización civil han visto que el Ministerio Público Federal “tiene miedo” de iniciar procesos en los que se señale como responsables a elementos de las fuerzas armadas, por lo que dijo que la reforma es un avance positivo que se deberá traducir en procesos penales y sentencias.
Por su parte, Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca del estado de Guerrero y quien fue violada por militares en 2002, explicó que esta restricción al artículo 57 del Código de Justicia Militar es una esperanza y una demostración de que puede haber justicia para las mujeres ultrajadas.
Valentina junto con Inés Fernández Ortega, indígena también violada por militares en 2002, y acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, llevó su caso hasta la CoIDH que en 2010 condenó a México y volvió a exhortar al Estado a promover reformas legislativas para erradicar la violencia institucional castrense.
“No es un favor que nos hizo el gobierno, fue un largo camino de lucha, la voz de muchas compañeras, de muchas organizaciones, se empujó tanto para que cambiara, para que se haga justicia”, dijo al mencionar que otras víctimas de abusos castrenses no pueden quedar abandonadas y por ello se debe denunciar.
“Hoy en día hemos logrado un avance para que los militares no se queden como si nada hubiera pasado. De mi parte estoy muy contenta porque están cumpliendo. Es una esperanza para más mujeres. Mi voz queda, siempre va a quedar un recuerdo en México, en Guerrero, estamos en eso, y hay que seguir luchando más”, afirmó.
En su oportunidad, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, agregó que esta reforma no fue producto de un debate técnico ni de la necesidad de alinear los ordenamientos legales con los estándares y recomendaciones internacionales.
Señaló que si este cambio legislativo fue posible es porque hay casos que demostraron la necesidad de encontrar vías de justicia, y porque por varios años las víctimas han pedido esta modificación. Explicó que las mujeres agredidas sexualmente por militares no se pueden conformar con una ley.
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(CIMAC)
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