Foto: César Martínez López
CIMAC
Organizaciones civiles denunciaron que el Estado mexicano no está impulsando acciones para prevenir que tragedias como la ocurrida en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009, vuelvan a suceder, por lo que llamaron a las autoridades a apoyar a las familias en la difusión y adecuada implementación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Ley 5 de Junio).
Integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio denunciaron en rueda de prensa que a cinco años del incendio que dejó 49 víctimas mortales –25 niñas y 24 niños–, aún no hay consignaciones de presuntos responsables, ni un esfuerzo real del gobierno mexicano por prevenir la repetición de los hechos.
También criticaron que no han recibido respuesta a su solicitud de reunión con Enrique Peña Nieto y funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para desarrollar un plan de trabajo conjunto.
José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento y padre del niño Andrés Alonso, una de las víctimas, señaló que a pesar de que las mismas familias impulsaron la Ley 5 de Junio, la cual regula el funcionamiento y operación de los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el país, ésta no se ha implementado de manera adecuada desde su promulgación el 24 de octubre de 2011.
Esto se debe, detalló el activista, a que las usuarias –que son en su mayoría mujeres– desconocen la ley, ya que su difusión corre a cuenta de las familias, sin que las instancias gubernamentales competentes difundan o evalúen su impacto.
Por eso, desde el Movimiento, las madres y padres afectados insisten desde hace varios meses en que funcionarios del DIF los reciban para que escuchen y apoyen un plan de trabajo que han ideado.
Sin embargo, apenas hoy funcionarios del DIF anunciaron a García Quintana que sería recibido, sin que la institución pagara los gastos del vuelo tal y como se había comprometido por correo electrónico.
Cabe señalar que la Ley 5 de Junio regula la actuación de la Federación, estados, municipios y los sectores privado y social en el funcionamiento de los centros de atención infantil, y obliga a estos espacios a implementar programas de educación y seguridad, y que estén sujetos a verificaciones periódicas.
«Compromiso» de PGR
Además del DIF, otras instancias de gobierno como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Presidencia han dado largas en la atención a las familias víctimas y, principalmente, en brindar justicia.
El dirigente del Movimiento informó que el pasado miércoles 11 de junio hubo una reunión en la PGR para conocer el estado de las dos averiguaciones que recaen sobre las empleadas de la Guardería ABC y los funcionarios acusados como responsables.
Sin embargo, madres y padres de familia se enteraron de que el Juez Primero de Distrito aún no consigna a ninguna de las empleadas responsables directamente del cuidado de las y los niños.
Asimismo, a cinco años de la tragedia no se han realizado algunos peritajes y ninguno de los funcionarios involucrados ha sido investigado para deslindar responsabilidades.
En la reunión –afirmó García Quintana– la PGR se comprometió a ampliar el ejercicio de las acciones penales: una contra las trabajadoras de la Guardería ABC, y otra para investigar a los funcionarios de alto mando que pudieran estar involucrados.
Algunos de ellos son, según acusaron las familias, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam –ex titulares del IMSS–; Eduardo Bours –ex gobernador de Sonora–, y Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Justicia del estado, entre otros.
Además, las y los activistas criticaron que mientras las familias llevan años luchando para que ex funcionarios sean investigados, Abel Murrieta y otros personajes están siendo premiados por sus partidos al postularlos a cargos de elección a nivel estatal y municipal.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez insistieron en el llamado que desde abril de 2013 hicieron a Peña Nieto, para que se reúna con las madres y padres afectados para establecer un plan de trabajo que garantice que no haya más tragedias como la de la ABC, y se castigue a las personas responsables.
=AJSE=
(CIMAC)
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