Foto: CDHDF
Al inaugurar el IV Seminario Internacional “El Derecho a un Medio Ambiente Sano en las Metrópolis”, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, se pronunció por la armonización entre lo que se considera como progreso y desarrollo en las ciudades y la progresividad y respeto de los derechos de las personas.
“Tiene mucho que ver con el modo en el que se prevén los daños que a mediano y largo plazo se pueden ocasionar con motivo del progreso, el llamado progreso; pero también con la inversión que tiene que hacer que ‘ese progreso’ atienda a los derechos de todas y de todos”, insistió.
En ese sentido, agregó, que una lección del caso de la Supervía Poniente es que se debe atender a la necesidad de consultar a especialistas en materia ambiental, así como hacer los cálculos necesarios para que, en todo caso, se calculen y mitiguen los daños: “No se trata de frenar el desarrollo, hay circunstancias en las que vialidades como esa son absolutamente necesarias”.
Aclaró que la CDHDF no se opone a la obra en sí misma: “Entendemos cuál es el problema que se da y la solución que se plantea”; no obstante, agregó: “Queda claro que no se hizo la Consulta”, como lo marca la respectiva Norma.
González Placencia recordó que la CDHDF emitió su Recomendación 1/2011, por el caso de la Supervía, en la que se advirtió sobre posibles afectaciones al medio ambiente, pero principalmente al derecho a la participación ciudadana, ya que el proyecto no se consultó como lo señala la ley.
La Recomendación, dijo, fue aceptada de manera parcial, por lo que las y los peticionarios acudieron y obtuvieron una sentencia favorable en Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), que ratificó lo apuntado por la CDHDF, pero que fue apelado.
En representación de la Directora Ejecutiva de Green Peace México, Patricia Arendar, la asesora legal de esa organización ambientalista, María Colín, reconoció los esfuerzos legislativos de armonización del marco jurídico interno con los criterios internacionales en medio ambiente.
Expresó su confianza en que esos criterios sea reivindicados mediante la resolución favorable del juicio de amparo ante la Sala Superior del TCADF, para suspender el proyecto conocido como Supervía Poniente, toda vez que los Magistrados de la Primera Sala dieron la razón a la organización ambientalista por su interés legítimo, dado su objeto social.
Explicó que, ante la negativa de las autoridades ambientales locales para realizar una Consulta Pública, previa autorización de la licencia de Impacto Ambiental, prevista como obligatoria por la Ley de Amparo, una resolución en contrario, significará un franco retroceso del derecho a un medio ambiente sano para las ciudad y sus habitantes.
En tanto, el Defensor Adjunto de los Habitantes de la República de Costa Rica, Luis Gerardo Fallas, destacó que el equilibrio entre habitantes, Estado y medio ambiente está en la planeación y ejecución de políticas públicas que ponen en el centro a los seres humanos y no en los empresarios e industriales, así como desde la humanización del Derecho.
Esa realidad, que inunda a todas las ciudades latinoamericanas debe ser abordada, agregó, debe ser abordada desde las defensorías y procuradurías públicas de derechos humanos, como protagonistas de ese diálogo social, empoderando a las y los habitantes.
El Defensor del Vecino de Montevideo, Uruguay, Fernando Rodríguez Herrera, reconoció que las Defensorías del Pueblo participan de la discusión y resolución de controversias vinculadas al desarrollo de las ciudades, del desarrollo industrial y el económico.
Un desarrollo, dijo, “vinculado sobre todo a la capacidad de consumo, que no aporta calidad de vida a la ciudadanía, pero si a los productores de bienes y servicios, quienes desarrollan estrategias que motivan e incentivan el alto consumo, superfluo y que no atiende a la esencia del ser humano, a su calidad de vida y que tampoco hace su felicidad”.
Esa realidad innegable, lamentó, entra en controversia con los derechos humanos: “Y en medio, estamos las Defensorías, intentando hacer algo, aportar al fundamento de los derechos de las personas”.
En ese contexto, cuestionó el goce y disfrute de las libertades individuales, como el uso de autos particulares para una sola persona en el Distrito Federal, por encima de la priorización del transporte colectivo: “Las empresas que venden vehículos alientan el transporte individual, con vehículos con más confort, porque cada vez hay que estar más horas en la calle y hay que estar a gusto con música y aire acondicionado”.
El Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, expresó su preocupación ante el nivel de reciclaje de residuos sólidos, que en América Latina alcanza apenas 4%, en tanto en Europa es de 33% y en Estados Unidos es ya de 40%, en un contexto en el que México llegue a 121 millones de habitantes en el 2030, concentrados en zonas urbanas, con planes discontinuos de planeación y sustentabilidad.
Destacó que, no obstante, la ciudad de México avanzó sustancialmente con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), incluso como punto de partida para un diálogo necesario inter-ciudades en América Latina, que ha estado animándose a nivel de las Coordinaciones de Bogotá, Lima y otras ciudades capitales de América Central.
La perspectiva es que en dos o tres años los diálogos no sean sólo entre los Gobiernos nacionales sobre las mejores prácticas y políticas de derechos humanos, sino también entre las ciudades, para que puedan ser intercambiadas ciertas prácticas, a través de las razones, experiencias y proyectos específicos de los funcionarios, por ejemplo, los responsables del manejo del agua, de movilidad urbana y manejo de vivienda, desde la perspectiva de derechos y no sólo de leyes nacionales.
En tanto, la Coordinadora Nacional del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU- Hábitat, María Dolores Franco Delgado, advirtió que México es desde 1976 predominantemente urbano y cuestionó si realmente sus 56 zonas metropolitanas, 6 de las cuales aportan 60% de la producción bruta total en el país, cumplen con criterios como el del respeto y pleno disfrute de los derechos humanos de quienes las habitan y transitan.
En razón de ellos, celebró la discusión y aportes de las defensorías de derechos humanos para evitar la tendencia de generación de centros urbanos divididos, donde alrededor de esas zonas se construyen asentamientos humanos sin servicios básicos, reflejo del problema estructural de desigualdad.
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