Foto: Senado
El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado de la Republica, manifestó que México y el Distrito Federal viven “un momento muy especial” sobre el tema de los derechos humanos, por lo que es fundamental generar un marco jurídico que permita una mejor interpretación de la libertad de manifestación y de tránsito.
Al inaugurar el Foro Todos tenemos Derechos: Por la armonización de los derechos de manifestación y libre tránsito, explicó que esas dos garantías entran en tensión no sólo en México sino en el mundo y, por ello, es necesario generar una iniciativa que mejore la vida democrática del país.
Por su parte, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que en últimos meses se han llevado a cabo manifestaciones cada vez más violentas en las que hemos atestiguado cómo se cometen delitos, a propósito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por lo que se necesita establecer un precepto legal que permita distinguir cuando se trata de una manifestación lícita o una ilícita.
Se tiene que revisar –subrayó– “con mucho cuidado” hasta dónde llega el derecho de la manifestación y en dónde se empieza a distorsionar el mismo.
Dijo que de conformidad con lo que establece la Constitución, nada ni nadie debe de estar por encima de la ley, trátese de mayorías, o bien, de minorías, por lo que una de las aspiraciones de todo Estado democrático es que todos nos ajustemos a los límites que la ley establece.
Explicó que desde la Constitución de 1857, donde se establecen estas dos garantías, existe la ausencia de su reglamentación, por lo que es un tema que debe analizarse, revisarse, debatirse y seguramente llevarse a un precepto legal, porque los servidores públicos no cuentan con un marco jurídico claro, preciso, que permita distinguir entre la manifestación lícita o ilícita o cuando se afectan derechos de terceros o cuándo no.
En este sentido, refirió que en la Ciudad de México está vigente, desde diciembre de 2002, la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, que expresamente señala que cuando se vaya a llevar a cabo alguna concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social debe avisarse a la Secretaría de Seguridad Pública con, por lo menos, 48 horas de anticipación para que la autoridad tome las medidas adecuadas.
Sin embargo, subrayó que ese ordenamiento es “letra muerta” a nivel local y, por ello, también debe instrumentarse a nivel federal.
Por último, pidió a los senadores de la República llegar a un precepto legal “para que no sea la ocurrencia de momento la que permita determinar que se afectaron derechos de terceros o se cayó en la ilicitud sino que sea el mandato legal claro, preciso, el que permita instrumentar, llevar a la práctica lo que desde 1857 está con la misma redacción, pero también con la ausencia de una reglamentación”.
Para la senadora panista, Mariana Gómez del Campo Gurza, en las últimas semanas se ha llegado “al límite de lo inimaginable”, pues “vimos cómo grupos con causas y exigencias legítimas convirtieron el ejercicio del derecho a manifestarse en agresiones y violencia”.
“El uso de las calles para expresarse dio paso al secuestro de vialidades por más de 12 horas, al bloqueo de entrada a edificios públicos, a negocios y al aeropuerto, afectaciones a la vida de millones de capitalinos y a la economía de la ciudad”, apuntó.
Aunado a ello, dijo, fuimos testigos no solamente de la violencia por parte de los manifestantes sino de dos señales muy alarmantes: la aparición de grupos de choque destinados a desestabilizar, llamados anarquistas y, por otro lado, vimos una autoridad temerosa de actuar para evitar la comisión de delitos.
Por ello, hizo notar la necesidad de armonizar los derechos constitucionales de libertad de expresión y de tránsito, a fin de que las manifestaciones, marchas y mítines se lleven a cabo “en calma, en paz, con tranquilidad y sobre todo que se respeten estas garantías y muchas otras como el derechos a la educación, al trabajo, entre otros”.
Al fijar la postura del sector empresarial, Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, hizo un llamado al Congreso para que no postergue más el tema de la regulación de las manifestaciones y se eleven las penas contra “los actos delictivos violentos que se derivan de ellas”.
Han pasado más de 20 años –agregó– y las iniciativas legales para entrarle a este tema han quedado sólo en intenciones y la ausencia de un marco legal para regular las manifestaciones ha provocado que se hagan cada vez más violentas.
Refirió que las pérdidas económicas ocasionadas por las marchas, bloqueos y plantones ascienden a mil 322 millones de pesos en la Ciudad de México, por lo que es inadmisible que la actuación de grupos, cualquiera que sea su motivación, esté por encima de los derechos de las grandes mayorías de la población, tales como el libre tránsito y la convivencia pacífica, que deben estar tutelados por el Estado.
“Que quede muy claro los empresarios del país reprobamos enérgicamente el uso de cualquier tipo de violencia y quebranto de los derechos ciudadanos en aras de expresar inconformidades y exigimos todo el rigor de la ley contra los responsables de los daños hacia el patrimonio arquitectónico de las diferentes ciudades, los saqueos a los negocios y las agresiones sufridas por funcionarios y servidores públicos”, enfatizó.
El senador del PRD, Mario Delgado Carrillo manifestó que mientras el Gobierno Federal no tenga presión sobre la atención de los manifestantes, toda la responsabilidad seguirá recayendo sobre las autoridades locales, “lo que provocaría que los manifestantes se radicalicen más, buscando atención, mientras tanto el nivel Federal puede mantenerse aislado, porque la presión política no la recibe directamente”.
En este sentido, dijo que es necesario que los niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, para que se pueda crear una instancia de coordinación a grupos, que permita mantener el respeto de los derechos y mejore la convivencia.
En tanto, el senador del PRI, Jesús Casillas Romero manifestó que este evento permitirá al Congreso trabajar sobre una legislación que permita armonizar tanto el derecho a la manifestación, como el libre tránsito.
El embajador de Alemania en México, Edmund Duckwits subrayó que en la Constitución de su país está establecido que todas las personas tienen derecho a reunirse, siempre y cuando sea de manera pacífica y sin armas.
Precisó que en su país, las manifestaciones tienen que ser anunciadas 48 horas antes del evento y se tiene que dar información específica sobre la reunión, las personas responsables, ubicación y el lugar donde se llevará a cabo.
“La legislación y judicatura alemana busca el equilibrio entre el derecho para reunirse pacíficamente y los derechos de los otros a moverse libremente y es ilegal organizar manifestaciones prohibidas”.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal, Antonio Ortega Sánchez manifestó que las limitaciones al ejercicio de la expresión pacífica atentan contra la libertad, ya que la solución a los problemas no es continuar con el crecimiento de las leyes y regulaciones, cuando las existentes no se cumplen, “porque yo no confío en poner en manos de políticos la decisión de cuándo, dónde y cómo manifestarnos”.
Aseguró que la mejor decisión para la convivencia civilizada es que en el ejercicio de la libre expresión continúe el autorregulado y se aplique cabalmente la ley contra los violentos y las autoridades que se niegan a cumplirla, “pues no nos debe sorprender que un día se sepa que los grupos vandálicos hayan actuado por encargo de quienes le apuestan a la desmovilización de la sociedad”.
=Senado=
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