Foto: Cámara de Diputados
El presidente de la Comisión Jurisdiccional, César Augusto Santiago Ramírez (PRI), aseguró que es una obligación moral del Poder Judicial no otorgar libertad bajo caución al ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, detenido y acusado de enriquecimiento ilícito.
El diputado del PRI explicó que no se le debe de otorgar libertad bajo fianza al ex funcionario acusado de enriquecimiento ilícito por 33 millones de pesos, ya que la intención de Moreno Díaz es evadir la justicia.
“En la ocasión anterior de su detención, duró unas horas en la cárcel y luego fue puesto en libertad por una suspensión concedida por un Juez de Distrito para después declararla sin efecto ya cuando este hombre se había dado a la fuga, ahora me parece que es una obligación moral que tiene el Poder Judicial de no facilitarle a este hombre poder recuperar su libertad”, explicó.
El legislador detalló que el delito por el que se le acusa a dicho ex funcionario amerita libertad bajo caución; sin embargo, dijo, ésta se otorga siempre y cuando haya garantía de que el acusado no va a fugarse de la acción de la justicia, pero en el caso de este señor es evidente que no ha cumplido con las suspensiones porque nunca se ha presentado al juzgado y su intención es evadir la justicia.
“Es importante que esté en la cárcel para que se profundice en las razones del enriquecimiento ilícito por los contratos que este señor dio en la Comisión Federal de Electricidad a favor de empresas extranjeras que otorgaron grandes sobornos para esos contratos”, dijo.
Por su parte, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados estará atento a que el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, se apegue estrictamente a derecho y no exista ningún tipo de prebendas, publica la Cámara de Diputados en su página de internet.
La diputada federal Esthela Damián Peralta confió en que el agente del Ministerio Público federal que atiende este asunto, estará absolutamente atento al proceso para presentar las pruebas necesarias que permitan que el ex servidor público permanezca en el Reclusorio Preventivo Oriente y pague por los delitos cometidos.
La también presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Poder Judicial de la Federación a que actúen estrictamente en apego a la norma.
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