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Organizaciones de derechos humanos dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres enviaron una misiva al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Silva Mesa para urgir la resolución de los expedientes en contra de los militares que violaron a dos mujeres de ascendencia indígena de Guerrero.
Según el documento, los expedientes se encuentran identificados en el Acuerdo 06/2012, en virtud de que varios de ellos fueron iniciados por familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses quienes impugnaron la extensión del fuero militar en su agravio y que mientras no se dicte sentencia en los asuntos que actualmente están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las víctimas se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica.
Las ONG consideran indispensable que en la inminente discusión sean cumplidas las obligaciones que tiene el Estado mexicano, surgidas del bloque de constitucionalidad que conforman la Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos humanos según la nueva redacción del artículo 1 constitucional, “como defensoras de los derechos de las mujeres hemos constatado que la extensión del fuero militar a casos donde no se vulneran primordialmente bienes jurídicos castrenses afecta de manera diferenciada y particularmente grave a las mujeres. Así ha ocurrido, por ejemplo, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del pueblo Me’phaa (Tlapaneco) que en 2002 fueron víctimas de violación sexual y tortura por parte de miembros del Ejército mexicano, cuyos casos permanecieron por casi diez años en el fuero militar, circunstancia que las revictimizó y que sirvió para encubrir a los responsables”.
Además, mencionan que en la SCJN actualmente tiene conocimiento de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, luego de que ambas defensoras de derechos humanos solicitaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura de un expediente varios, del cual fueron notificadas el 28 de noviembre de 2011, que el expediente registrado ha sido turnado para su estudio al Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, bajo el número 1396/2011 y el cual hasta la fecha se mantiene pendiente de discusión.
Asimismo, hacen un exhorto a los trabajos que el Ministro Presidente iniciará pues “sabrá valorar la importancia de atender a la brevedad la solicitud de las Señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo a quienes por más de diez años la justicia les ha sido negado. Asimismo, la relevancia que la atención de los casos establecidos en el Acuerdo 06/2012 tienen para las víctimas así como para la agenda que en materia de derechos humanos se encuentra pendiente en nuestro país”.
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