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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hicieron un reconocimiento al Poder Judicial de la Federación (PJF) por su destacado empeño y coherencia en la implementación de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos.
De esta manera se expresaron Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Pablo Saavedra Alessandri, Secretario de la CoIDH, al participar en la inauguración de los trabajos del Seminario: Primer Aniversario de las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo y Derechos Humanos: Impacto en la labor jurisdiccional y acciones emprendidas, que encabezó el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Jesús Peña Palacios afirmó que las reformas constitucionales que llevó a cabo México y que fueron calificadas por la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, como un hito, parten de la premisa fundamental de ampliar y fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos al tiempo de reforzar su mecanismo de protección.
De esta forma, dijo, se asume desde el propio texto constitucional que los derechos humanos no solo deben ser reconocidos, sino también garantizados. “Y es en que dicha garantía donde el Poder Judicial de la Federación está llamado a desempeñar un papel fundamental e insustituible siendo el baluarte de la protección y definición judicial del contenido de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente”, abundó.
El representante adjunto de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó que el Poder Judicial de la Federación ha asumido con entereza el reto derivado de la facultad constituyente permanente mexicano.
Explicó que el pleno respeto y garantía a los derechos humanos, es la piedra angular que cimienta un verdadero Estado democrático, por lo que todas las autoridades judiciales, en el marco de sus competencias, deben garantizar que las personas puedan ejercer plena y libremente sus derechos.
La protección judicial de los derechos humanos es sin duda la principal garantía con la que cuenta las personas para la salvaguardia de su calidad humana. De tal trascendencia es el reto que tienen las autoridades judiciales, aclaró.
Expuso que la pretensión de que las personas vean a las autoridades judiciales como los principales garantes de sus derechos es un objetivo insoslayable. En tanto que la autodefinición del Poder Judicial como garante de los derechos humanos es una condición sine qua non para que el ser humano pueda gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, concluyó.
Por su parte, Pablo Saavedra Alessandri señaló que lo que ha sucedido en México con el control de convencionalidad, mismo que se ha traducido en el impacto de una de las decisiones de la CoIDH, como es el caso Rosendo Radilla y que fue recogido por la SCJN, es la culminación del camino donde transitan el derecho nacional y el derecho internacional.
El Secretario de la CoIDH hizo énfasis en que el control de convencionalidad es la comunicación y el diálogo entre dos puentes de derecho que tienen un diferente origen pero un mismo objetivo que es la justicia, además de que ha permitido a la CoIDH establecer un diálogo muy fluido con el Alto Tribunal Constitucional de México, a través de la incorporación de los estándares al CJF al quehacer jurisdiccional.
Finalmente, manifestó que un buen control de convencionalidad une las formas más importantes y eficaces de hacer una efectiva prevención de futuras violaciones a derechos humanos en la región; “por eso para nosotros es un orgullo participar en este evento sobre el impacto de las reformas de amparo y de la sentencia del Caso Radilla, porque con ello se ha dado un paso importante en la región y especialmente a México, porque hoy en día sirve de ejemplo para muchas jurisdicciones nacionales.
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