Foto: TEPJF
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso del Estado de Sonora que de manera inmediata realice la designación del consejero electoral suplente que falta para integrar el Consejo Estatal Electoral, apercibiendo que, de no hacerlo en los términos indicados, el máximo tribunal electoral del país procederá en sustitución.
El magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, afirmó que el órgano legislativo local ha sido omiso en dar cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones incidentales de 2 de noviembre y 7 de diciembre de 2011, así como de 25 de enero del 2012, emitidas por el TEPJF para cumplir con la designación del funcionario electoral, “lo que le ubica en una posición de contumacia y rebeldía en cuanto al acatamiento”.
Luna Ramos elaboró el proyecto de resolución sobre la inejecución de sentencia en cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El magistrado recordó que ante la omisión del Congreso estatal, la Sala Superior ya intervino en una ocasión para hacer la designación de consejeros electorales propietarios en la entidad y le ordenó a los diputados locales hacer lo que les corresponde en el caso de un consejero suplente, lo que no han atendido, según el presidente de la Diputación Permanente, porque dicha ausencia no afecta el cabal funcionamiento de la autoridad electoral.
“Tal manifestación, aparte de que no es justificación, carece de sentido”, dijo el Magistrado Presidente quien propuso que ante la actitud que ha manifestado el Legislativo local, se dé vista a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, a efecto de que determinen lo que corresponda en el ámbito de sus facultades.
Por su parte, el magistrado Pedro Esteban Penagos López advirtió que toda ejecutoria emitida, en un medio de impugnación, por la Sala Superior, como Tribunal de última instancia, debe ser acatada. “Dicho el Derecho, hay que cumplirlo. Emitida la sentencia no procede más que cumplirla, y la abstención, la contumacia en su cumplimiento tienen como consecuencia la aplicación de las medidas jurídicas correspondientes”.
Tras lamentar la respuesta emitida por el presidente de la Diputación Permanente, el magistrado Manuel González Oropeza dijo que dicha contestación “no solamente demuestra la rebeldía, sino la ignorancia” del legislador. “Hay que recordarle un principio general del Derecho, de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Debe de cumplirlo. Esta contestación se encuadra muy bien dentro del marco constitucional como una omisión grave que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado”.
A su vez, el magistrado Flavio Galván Rivera advirtió sobre el riesgo de que en pleno el Siglo XXI pudiera presentarse una declaración de desaparición de poderes en un estado. “Perdón la confesión, tiemblo al pensarlo, pero si es necesario habrá que aplicar la Constitución, no hay alternativa. Si estamos regidos por lo que denominamos la Ley Suprema de la Federación, tenemos que ajustarnos a sus lineamientos, nos guste o no nos guste, y habrá que ejercer la autoridad hasta en tanto la Constitución se acate, ya no es la sentencia de un Tribunal, es el Estado de Derecho mismo el que puede estar en peligro, tenemos que hacer cumplir el Derecho”, aseveró.
El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar expresó que se trata de un momento triste para el TEPJF y para el país. Mencionó que con la actual integración de la Sala Superior, el Tribunal ha resuelto más de 75 mil asuntos, y ninguna de sus sentencias ha tenido dificultad para ser atendida, como ocurre en el caso del Congreso de Sonora. Anticipó que si los diputados de aquella entidad no pueden cumplir con la resolución, los magistrados harán “valer la Constitución, y entra en juego el resorte de los otros órganos del Estado, por eso comparto la vista que se le da a las Cámaras y al Congreso de la Unión”.
La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa criticó que después de seis meses el Congreso del Estado de Sonora continúe sin cumplir cabalmente con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto señaló, que el comportamiento de los 33 diputados de los cinco partidos representados en el Congreso local, no tiene justificación alguna y es constitutivo de responsabilidad.
Comentarios recientes