El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas en 2006 de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), lo que les valió purgar una condena de tres años y ocho meses en prisión.
Los magistrados dieron un revés a la actuación de la PGR, entonces comandada por Eduardo Medina Mora, luego de que determinaron –con ocho votos a favor y uno en contra– que el Ministerio Público Federal acusó falsamente a las indígenas, e instruyó a esta dependencia a reconocer de manera pública la inocencia de ambas mujeres, así como garantizarles una indemnización económica por daño moral y patrimonial.
Los juzgadores consideraron que en junio 2006 la PGR presentó el “pliego de consignación” para detener a ambas indígenas, luego que tres agentes federales afirmaron que ellas los secuestraron cuando en marzo de aquel año pretendían realizar un operativo contra productos “pirata” en el mercado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.
Los magistrados que elaboraron el proyecto, Carlos Mena Adame y Víctor Martín Orduña Muñoz, afirmaron que a pesar de que este tribunal resuelve casos de carácter administrativo y fiscal tiene una tarea a favor del respeto de los Derechos Humanos (DH), y en este caso se trató de indemnizar a Teresa y Alberta por una actividad irregular del Estado, cometida por servidores públicos de la PGR.
En ese tenor, el magistrado Orduña Muñoz ironizó sobre el tema y recordó que ambas indígenas fueron sujetas a procesos penales basados en hechos inverosímiles y testimonios contradictorios de “seis indefensos agentes de la AFI”, una acusación que las llevó a pasar tres años y ocho meses en prisión hasta que en abril de 2010 fueron liberadas por un fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En opinión de la magistrada Nora Urby Genel, con este fallo “está probado que el Estado es muy poderoso, pero la justicia siempre lo es más.”
En tanto, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez señaló que en este caso queda claro que la responsabilidad fue del Ministerio Público Federal por sustentar una acusación inverosímil, pero advirtió que también hubo responsabilidad del juez que las condenó a prisión, en este caso el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, aunque lamentó que el TFJFA no pueda sancionar a los jueces.
El único magistrado en contra fue Alfredo Salgado Loyo, quien dijo que aunque estaba de acuerdo en que Teresa y Alberta fueron víctimas de un proceso irregular, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no es clara en la forma en que se debe sancionar a los funcionarios y juzgadores que cometen irregularidades.
Al finalizar, por mayoría el Pleno del Tribunal otorgó la razón a las mujeres y dio un revés a la PGR, instancia que el año pasado dijo que no procedía la reparación para Alberta y Teresa, toda vez que ellas quedaron libres por una decisión de la SCJN, que consideró que había una duda razonable sobre los hechos, pero la dependencia insistió en que no había pruebas contundentes de su inocencia.
Al respecto, Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –organización que defendió y acompaña a ambas indígenas–, dijo que este fue un fallo histórico que sentará precedentes en el país, ya que el tribunal aprovechó la oportunidad de reparar el daño a víctimas de violaciones a los DH.
“El Tribunal manda un mensaje a todas las autoridades del país que tienen la obligación de proteger, respetar, garantizar y también reparar las violaciones a Derechos Humanos. A partir de la reforma al artículo primero constitucional estamos ante un nuevo paradigma y vemos que este Tribunal ha sido sensible a esta reforma y lo está aplicando como tal”, resaltó.
Además destacó que los magistrados entendieron que éste es un tema de justicia y que hay un mensaje al Poder Legislativo para que reforme el artículo 113 constitucional, y se pueda juzgar la actividad jurisdiccional porque no sólo la autoridad investigadora tiene responsabilidad en casos de presuntos culpables que resultan ser inocentes.
Tapia mencionó que a pesar de que en este caso la ley prevé reparar el daño a través de una indemnización económica, resulta muy favorable que el Pleno determinara que la PGR debe reconocer públicamente la inocencia de Alberta y Teresa, aunque lamentó que seguirán faltando medidas de no repetición y de sanción a los funcionarios que cometieron violaciones al debido proceso.
Por otra parte, el Centro Prodh y Amnistía Internacional difundieron un comunicado para señalar que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas a las que se les fabrican delitos debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica por las afectaciones que les genera la acción del Estado.
Dijeron que es importante destacar que la reparación integral del daño a nivel internacional contempla la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción e implementación de garantías de no repetición, lo que implica el pago de una indemnización monetaria, pero también medidas que ordenan a las autoridades ofrecer una disculpa pública.
El TFJFA también atrajo el juicio de reparación del daño de Jacinta Francisco Marcial, quien al igual que Alberta y Teresa fue encarcelada por el mismo secuestro. Este caso sigue en proceso y se prevé que al igual que ambas indígenas ella obtenga un fallo favorable.
=AGM=
(CIMAC)
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