Foto: Senado
Senadores y diputados integrantes de la Primera Comisión, que preside el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, aprobaron por unanimidad, un dictamen para que los titulares de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, investiguen actos de discriminación denunciados por mujeres asistentes un seminario organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Al respecto, les solicitaron que tomen las medidas necesarias para inhibir ese tipo de prácticas durante la aplicación de sus protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Lo anterior -fundamentan en el dictamen- pues es obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno garantizar y respetar los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sin distinción de su origen étnico o nacional, o cualquier condición que atente contra la dignidad humana.
Por otra parte, consideraron necesario que el Congreso de la Unión tenga conocimiento de la forma en que se pondrá en funcionamiento la Gendarmería Nacional y sobre la incidencia que tendrá sobre el marco legal que le dé vida.
Para ello, solicitaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informe la ruta crítica que se tiene planeada para la conformación de la Gendarmería, el impacto legal que al efecto se tiene contemplado, así como su naturaleza jurídica y el ámbito de sus atribuciones.
En la reunión de trabajo, los legisladores también acordaron que el Secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, realice acciones concretas y eficaces para impulsar e intensificar, de manera ordenada, el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país.
Lo anterior, a efecto de cumplir con el plazo constitucional establecido y para que se informe el estado en que se recibió este proceso al 1º de diciembre de 2012; pues a cuatro años de iniciado el proceso de implementación de la reforma y a cuatro de culminar con el plazo máximo de duración, el sistema opera únicamente en tres entidades: Chihuahua, Estado de México y Morelos.
Aseguraron que de manera parcial opera en 10 entidades: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, lo que hace un total de 13 entidades federativas que cuentan con sistema acusatorio.
En el acuerdo también se hace un llamado para que los gobernadores de las entidades federativas en donde no se ha implementado el sistema de justicia penal acusatorio o se ha implementado de manera parcial, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, impulsen e intensifiquen las acciones tendientes a cumplir en tiempo y forma el proceso de implementación del sistema.
Además, se prevé que las Conferencias Nacional de Procuración de Justicia, Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, en su carácter de integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instrumenten las medidas necesarias al seno de sus organismos, para impulsar e intensificar las acciones que les correspondan como operadores del sistema de justicia penal acusatorio.
=Senado=
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