Foto: Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la cual impone penas de hasta 40 años de prisión a quienes realicen actos de explotación o abuso sexual en contra de menores de 18 años y crea un fondo para la atención de víctimas.
Al fundamentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), refirió que México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin.
Por lo anterior, “se lograron los consensos necesarios para avalar este dictamen que establece sancionar el delito de esclavitud de 15 a 30 años de prisión, así como la pornografía infantil y la explotación sexual de mujeres y niños”.
En su intervención, la diputada Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, dijo que con la aprobación de este dictamen se romperá con toda la cadena de explotación y se hará frente al problema secuestro de personas sin recursos que son enganchadas y privadas de su libertad para obtener beneficios de la explotación de su cuerpo y que son victimizadas.
“Con el voto aprobatorio de los legisladores, las víctimas de la trata tendrán una esperanza de recibir una verdadera justicia y hará comprender que el -ser humano no está a la venta (…) hoy se consiguen acuerdos en un tema tan sensible, que con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios logran un dictamen que pretende proteger a los más vulnerables”, expresó.
El objetivo de esta ley es reglamentar el artículo 73 constitucional, para establecer las competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales.
Asimismo abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen establece que el padre, madre, tutor o persona con autoridad que entregue de forma ilegal, ilícita, irregular o mediante adopción a una persona menor de 18 años para que sea abusada o explotada sexualmente se le impondrá una pena de 20 a 40 años de cárcel y de 2 mil a 20 mil días de multa.
Asimismo, especifica que se impondrán de cinco a 15 años de cárcel y de mil a 20 mil días de multa al que enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona con fines de explotación.
Lo anterior, también aplicará a quien someta a una persona a esclavitud, condición de siervo, prostitución forzada, explotación sexual y laboral, emplee a menores de 18 años en actividades delictivas, adopción irregular de personas, matrimonios forzosos para tráfico de órganos.
Entre muchos otros, el dictamen otorga el derecho a la reparación del daño, entendido como la obligación del Estado y de los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma, o vuelvan a ser sujetas de los delitos materia de la ley.
En la discusión en lo particular, no hubo quórum en el momento de la votación de los artículos reservados, lo que impidió la aprobación total de la ley. Ante esta situación, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, expresó que una ley como ésta que tiene una especial importancia, que no se vote siendo el único dictamen, “nos debería hacer reflexionar sobre la situación en la que estamos cayendo”.
La Mesa Directiva constantemente se encuentra con dificultades en el quórum de las comisiones, las cuales tienen una enorme dificultad para reunirse y dictaminar, y ahora en el Pleno se presenta esta situación, añadió.
Ante ello, ordenó el descuento a todos los legisladores que no asistieron a la sesión de hoy, “que se descuente su salario y se tomen las medidas por parte de los grupos parlamentarios para que podamos rehacer la normalidad del Poder Legislativo”.
Ello, luego de que en la votación en lo particular de la ley de trata de personas no se alcanzara el quórum en dos ocasiones, por lo que expresó que tal situación es triste y lamentable para el conjunto del Poder Legislativo y de la Cámara de los Diputados.
Acosta Naranjo mencionó que nadie debe sentirse satisfecho con lo que está pasando, deberíamos, por lo menos y de carácter personal, “ofrecer una disculpa al pueblo de México por nuestra falta de responsabilidad. Somos un Poder colegiado, no funcionamos en lo individual, funcionamos en el Pleno; como conjunto no estamos cumpliendo”.
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