Foto: Blog Cuauhnahuac
A dos años de que termine de implementarse la reforma constitucional sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de inocencia y los juicios orales, que se aprobó en el 2008, hace falta concretar aspectos normativos, humanos y materiales.
En el marco del ciclo de conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en el pleno respeto de los derechos humanos, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) presentó la conferencia magistral “Implementación del sistema de justicia penal”, a cargo del juez de distrito, Gabriel Alejandro Palomares Acosta.
En su intervención, el director de Estudios Parlamentarios del CEDIP, Luis Mendoza Cruz, resaltó que de cada 100 delitos únicamente llegan al juez 5, de los cuales sólo uno alcanza sentencia, lo que imposibilita el acceso a la justicia.
Mencionó que la conferencia es de gran relevancia, ya que no se trata sólo de recursos para implementar el nuevo sistema de justicia, sino de las resistencias al cambio. “La reforma sobre la impartición de justicia intenta purgar las sentencias, a fin de que las cárceles no estén tan llenas y no se pague una condena sólo con prisión, sino a través de otros mecanismos”, opinó.
Mendoza Cruz afirmó que el evento servirá para dar eficacia al derecho y saber cómo se perciben en la práctica las normas que aprueba el Congreso de la Unión en materia penal; en el paradigma de la presunción de inocencia.
En su exposición, el juez de distrito, Gabriel Alejandro Palomares Acosta, destacó que el nuevo sistema de justicia constituye una nueva forma de resolver conflictos penales inherentes en la vida del ser humano; sin embargo, dijo, su implementación demanda aspectos normativos, humanos y materiales.
En cuanto a los aspectos normativos, dijo, hace falta la emisión de códigos, leyes y reglamentos necesarios para la puesta en marcha del sistema; en los humanos, afirmó, se requiere capacitar, actualizar y formar al personal que se encargará de operarlo.
En relación con los materiales, consideró que el mobiliario con que cuentan actualmente las instalaciones es poco útil para que el público presencie las diligencias; además, hace falta implementar un nuevo equipo de cómputo, comunicación, captación y transmisión de datos.
Destacó que en los seis años que ya han transcurrido para la implementación de este sistema, que deberá materializarse en todo el territorio nacional en el 2016, hace falta voluntad política para emitir las legislaciones correspondientes y recursos disponibles.
“Seamos conscientes de la magnitud que tenemos ante la implementación del nuevo sistema de justicia, ya que, en cuanto al papel que ejercerá la policía en la investigación, actualmente no se tienen cuerpos policiacos y periciales abocados a aquella y de no tenerlos se generará un nivel de impunidad mucho mayor del que se tiene actualmente”, detalló.
En cuanto a la policía federal, continuó, el nuevo sistema tiene programados 45 centros de impartición de justicia; a la fecha sólo se tiene uno, ubicado en Durango.
Comentó que el tiempo y recursos que demanda dicha implementación, así como el grado de avance que hasta ahora se tiene, resulta comprensible ante la complejidad que entraña el ponerlo en funcionamiento.
Con la implementación del sistema de justicia penal, agregó, se busca llevar a cabo actos necesarios para poner en funcionamiento un conjunto de reglas y principios sobre la materia penal, con la finalidad de solucionar el conflicto de intereses que se generen por los delitos, por lo que, sugirió, es prioritario una formación en las universidades, a fin de que las nuevas generaciones establezcan una base en su implementación.
=Cámara de Diputados=
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