Foto: CDHDF
Al subrayar que la tortura en los procesos de investigación y persecución de los delitos es un método utilizado por la Procuraduría capitalina, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado a esa dependencia a fin de que garantice la seguridad de Víctor Hugo Márquez Cortés y Víctor Alfonso Méndez Ruiz, quienes fueron torturados por agentes ministeriales para que se declararan culpables de homicidio y robo.
En conferencia, el Primer Visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, explicó que ambos agraviados fueron liberados del Reclusorio Oriente, como consecuencia de un amparo, luego de un año y cinco meses de estar en prisión acusados del homicidio de una ciudadana coreana.
Señaló que en este caso, el Ministerio Público consignó una Averiguación Previa en base a una confesión obtenida bajo tortura, la Jueza omitió hacer la valoración de tortura y mediante un amparo, el Juez Segundo de Distrito le pidió a la Jueza que valorara las certificaciones médicas y las pruebas que están asociadas a la tortura, como consecuencia de eso es que se emitió el auto de libertad.
Refirió que por los hechos de tortura la CDHDF emitió la Recomendación 12/2011, misma que fue aceptada parcialmente por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Detalló que los policías grabaron un video donde supuestamente los agraviados confesaban y eso fue puesto ante el Ministerio Público y el Juez, “un interrogatorio coactivo, fuera de sede ministerial y fuera del derecho a la defensa”.
Resaltó que en el punto 5 de la Recomendación se solicitó que por la tortura se desistiera de los cargos contra los agraviados, “y después de un año cinco meses se acredita la inocencia de los jóvenes”, dijo.
Hizo énfasis en que el patrón común de la tortura es entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público, por eso la CDHDF solicitó como medida de no repetición la instalación de cámaras de video al interior de las patrullas de la Policía de Investigación así como un sistema de radiación de la detención al momento inmediato a que se ejecuta materialmente.
“Nos pronunciamos porque la Procuraduría investigue y emita la orden de captura contra los verdaderos responsables. Respecto de los derechos de las víctimas del delito, la ciudadana coreana que perdió la vida, y su familia, tienen derecho a que los verdaderos responsables sean detenidos, procesados y sancionados”, apuntó.
Además, añadió, solicitamos en el Manual Operativo de la Policía que se incluyera un apartado sobre causales de detenciones, pero no han sido cumplidos estos puntos a cabalidad, eso aunado a la impunidad nos preocupa como factor generalizado en la institución.
Mencionó que los agraviados temen por su seguridad, ya que los elementos de la Policía de Investigación involucrados en la tortura tienen antecedentes, saben dónde viven y quiénes son los familiares de los torturados, quienes están luchando y clamando porque los policías responsables sean llevados a juicio y sancionados conforme a derecho.
Señaló que Esteban Romero Ramírez, Comandante de la Policía Ministerial de la PGJDF, tiene 26 averiguaciones previas por distintos delitos (abuso de autoridad, lesiones, detención ilegal y allanamientos domiciliarios), 16 procedimientos administrativos sancionatorios desde 1996 al 2011, y estaba señalado en la Recomendación 5/2002 como elemento que participó en un caso de tortura y detención arbitraria.
Dijo que a pesar de que la Recomendación 12/2011 establece que se tiene que investigar la tortura y se tiene que sancionar conforme a derecho a los responsables, la Procuraduría ha incumplido ese punto, “por eso es la preocupación, porque siguen en servicio, están asociados con otros procesos penales”.
Abundó que al hablar de la Reforma democrática de las policías un tema vital es la transparencia y rendición de cuentas y no corrupción, “porque no sancionarlos penal y administrativamente genera un ambiente de permisividad”.
Añadió que se creó un Consejo para la Reforma de la Policía que no llegó a buen puerto, dijo que fue una iniciativa importante de la Procuraduría que convocó a la Sociedad Civil, a la CDHDF, pero a pesar de que se hizo un diagnóstico por parte del Instituto para la Seguridad y la Democracia, este no se implementó para democratizar a la policía.
La Directora Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF, Monserrat Rizo, explicó que la Recomendación 12/2011 fue aceptada parcialmente con el argumento de que en el punto en el que se solicitaba el desistimiento de los cargos presentados por homicidio calificado y robo a mano armada no eran procedentes por ir en detrimento de los derechos de las víctimas.
De la capacitación para los policías responsables, no se aceptó la intervención de Organizaciones de la Sociedad Civil, argumentando que la PGJDF cuenta ya con un Instituto de Formación Profesional.
Respecto a la reparación del daño integral y las disculpas públicas, no fue aceptado, supeditando a la determinación de procedimientos penales y administrativos.
En cuanto a las medidas de no repetición, para que implementara un sistema de grabación visual y auditivo permanente al interior de las patrullas, se aceptó parcialmente, argumentado que cuentan con un servicio de GPS.
Dijo que a través del Programa de Lucha contra la Impunidad se da seguimiento a los procedimientos administrativos y penales que están radicados en la Contraloría Interna de la PGJDF, en el Consejo de Honor y Justicia y en la Fiscalía de Servidores Públicos, “persiste el escenario de impunidad, en esta y las otras Recomendaciones el gran pendiente es la determinación y sanción para los responsables”.
Mencionó que la CDHDF ha emitido desde 1994 a la fecha 45 Recomendaciones por el tema de tortura, las autoridades más mencionadas son la PGJDF, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF). De estas Recomendaciones, sólo en dos casos se ha consignado y procesado a los agentes de la Policía que han intervenido en los actos de tortura.
En la conferencia estuvo presente también Edith Escareño Granados del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Organización que dio apoyo terapéutico a los afectados durante el tiempo de reclusión.
Por su parte Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas, quienes defendieron a los jóvenes, indicó que ya que los agentes que cometieron la tortura son de la PGJDF y las denuncias por tortura están presentadas en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina, es difícil que el propio Ministerio Público vaya a investigarse a sí mismo o a sus subordinados.
La investigación por tortura tiene más de 15 meses, y el Ministerio Público ha sido incapaz de determinar esa averiguación previa, advirtió.
Recalcó que se tienen que aplicar los criterios del Protocolo de Estambul para permitir la existencia de comisiones independientes, tanto de los órganos del Estado como de las personas vinculadas a los casos de tortura y darles reconocimiento formal a los peritajes de estas comisiones independientes como elementos probatorios a nivel de documentales públicas.
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