Foto: PGR
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia Federal de Investigación (AFI) dio cumplimiento, por reclusión, a la orden de aprehensión librada por el Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa 13/2012, contra el ex secretario de acuerdos de del Juzgado Noveno en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Matínez Hernández se encuentra interno en Reclusorio Preventivo Varonil Norte, desde el 27 de mayo de 2011, sujeto a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito.
Mediante un comunicado, la PGR informó que de la investigación que integró el Fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se encontraron indicios de que el inculpado probablemente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de invertir, al haber realizado 87 operaciones en el lapso del 2003 a 2010, iniciando con una inversión de 20 mil pesos y finalizando con un monto de 15 millones 102 mil 673 pesos.
Además, por la probable comisión del ilícito señalado, en la modalidad de transferir recursos, al haber realizado dos transferencias, una de ellas por 14 millones de pesos y la segunda por 14 millones 500 mil pesos con recursos de los que no logró acreditar la legal pertenencia.
Esta indagatoria inició el 30 de mayo de 2011, con motivo de la denuncia formulada por el Consejo de la Judicatura Federal, contra quien o quienes resultaran responsables de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el caso del inculpado, por el injusto penal de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal Federal (en la hipótesis de quien con motivo de su empleo en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilegítimo, cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos).
Debido a que el probable responsable, no logró acreditar su incremento patrimonial de 2003 a 2010, por la cantidad de 50 millones 707 mil 633 pesos, en el tiempo en que desempeñó como secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, el agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra, poniéndolo a disposición del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales en el Distrito Federal, quien le decretó auto de formal prisión por el delito consignado.
De esta manera, el Gobierno Federal y la Procuraduría General de la República refrendan su compromiso de combatir la corrupción y de llevar a la Justicia a los servidores públicos que incurren en actos ilícitos para que sean sancionados por los delitos que cometieron.
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