Foto: César Martínez López
CIMAC
La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a reparar el daño a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes pasaron injustamente tres años y ocho meses en prisión, con el argumento de que después tendría que indemnizar a miles de personas que son liberadas por ser inocentes.
Como una forma de dilatar la justicia, el pasado 7 de febrero la PGR interpuso un recurso de revisión contra la resolución de un tribunal federal que ordenó indemnizar a ambas mujeres otomíes, quienes en 2006 fueron acusadas y encarceladas por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Los abogados Andrés Díaz y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –que lleva la defensa legal–, explicaron que con “criterios ridículos” la PGR pretende incumplir la resolución a fin de evitar que estos casos sienten un precedente y se le obligue a reparar el daño por sus irregularidades.
El 20 de noviembre de 2013 el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a la PGR a indemnizar a las indígenas, al señalar que la dependencia incurrió en actividad administrativa irregular.
La PGR cometió esas irregularidades a través del Ministerio Público de San Juan del Río, Querétaro, que integró la averiguación previa, los seis agentes que hicieron la acusación, la delegada de la dependencia en la entidad, Norma Patricia Valdez Arguelles, y el entonces director de Normatividad, Jorge Alberto Lara Rivera.
En conferencia de prensa, los abogados señalaron que el recurso de revisión de la PGR está sustentado en la Ley de Amparo y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y será definido en un plazo de cinco a ocho meses por un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Luis Tapia mencionó que en este recurso la PGR argumenta que no se comprobó la inocencia de ambas indígenas, que no procede la reparación porque la dependencia no es el Estado mexicano, y además califica como grave la sentencia porque entonces les llegarían miles de solicitudes de personas inocentes que podrían buscar la reparación del daño.
Incluso en una parte de su recurso la dependencia dice que en caso de aceptar ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización, después llegarán más solicitudes de reparación y le sería imposible atenderlas porque hay miles de personas absueltas por el PJF, y por tanto no tendría suficiente presupuesto para cumplir con las resoluciones.
De acuerdo con el abogado, esto último sí podría pasar porque el TFJFA puede sentar jurisprudencia, es decir precedentes, cuando tenga tres resoluciones emitidas por la sala superior en el mismo sentido, lo que obligaría a que cada inocente preso injustamente tuviera este derecho.
Hasta ahora están las dos sentencias de Alberta y Teresa y falta una más que podría ser la de Jacinta Alcántara, indígena otomí que también fue acusada de secuestrar a los seis agentes de la AFI y quien está en espera de la resolución para saber si en su caso procede la reparación del daño por parte de la PGR.
En la conferencia, Alberta y Teresa lamentaron la decisión y se dijeron cansadas de estar en este proceso que lleva siete años sin que hasta ahora hayan tenido una respuesta satisfactoria y una disculpa pública, pese a que demostraron que ellas nunca cometieron el supuesto secuestro.
“La PGR no ha aceptado sus errores. No puedo creer que siga diciendo que nosotras, aunque hemos demostrado que somos inocentes, siga insistiendo en que sí hubo delito y que no quiera lo que dijeron los magistrados”, dijo Teresa al mencionar que las autoridades no lograron presentar pruebas en su contra.
Aseguró que la lucha no sólo es para que ellas tengan reparación del daño, sino en beneficio de muchas otras personas que están de manera injusta en prisión. “En el tiempo que nosotras estuvimos encarceladas, no una ni dos, un monto de gente que está allá pagando delitos que no cometieron, entonces ¿de qué se trata?”.
Por su parte, Alberta mencionó: “Me duele que sigan diciendo eso, ya que mucha gente nos sigue señalando como culpables. Llevamos siete años luchando y ya quiero que termine todo esto; que el Presidente reconozca que somos inocentes, que la Suprema Corte nos dio nuestra libertad. Ya no quiero seguir aquí, es muy agotador para mí, para mi familia”, dijo.
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(CIMAC)
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