Foto: CDHDF.
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, reiteró ayer el llamado a las autoridades federales y locales para que se coordinen e instrumenten políticas, de manera urgente, para la protección y defensa del gremio periodístico, particularmente a quienes cubren la fuente policial en todo el país.
Durante la conferencia de prensa sobre el recrudecimiento de las condiciones para ejercer el periodismo, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que actualmente hay un nuevo marco jurídico en la materia, ya que fue aprobada la Ley de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Ley General de Víctimas.
“No exageramos cuando decimos desde esta Comisión que estamos en una situación de emergencia, especialmente para quienes cubren la fuente policial en estados como Veracruz, Morelos y Sonora. Hay suficiente evidencia que permitiría tener una política articulada entre Federación y estados para prevenir que ocurra una muerte más”.
Además, dijo, hay herramientas que permitirían generar las condiciones para investigar y resolver los casos, porque no hay noticia de que ninguno de los casos haya sido resuelto –la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habla de 81 casos de 2000 a la fecha-.
“Al muy lamentable hecho de la pérdida de la vida y la afectación a las familias y los entornos de los periodistas que han muerto en este contexto, se genera un contexto de autocensura en un momento en el que es especialmente importante que los medios de comunicación den cuenta plena con absoluta libertad de lo que está sucediendo en el país”, agregó.
Reiteró la solidaridad de la CDHDF con el gremio periodístico, con las organizaciones de protección y defensa de sus derechos y apuntó que seguirá llamando la atención de estos hechos e insistiendo en la necesidad de coordinación en todo el país.
“Que se sepa que estamos preocupados, que estamos indignados, no es posible que cada semana nos enteremos de una desaparición más, de una muerte más; en el último mes perdieron la vida Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez, René Horta y Marcos Ávila, en Veracruz, Cuernavaca y Sonora”, indicó.
La corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores, expresó que en los últimos dos meses se ha visto una ola de violencia incomparable con otros periodos.
Refirió que las medidas de protección que las autoridades federales y locales tienen que implementar de manera urgente para los periodistas y los medios de comunicación no son un favor, “es una obligación del Estado brindar seguridad a los periodistas y a los ciudadanos”.
Consideró que si desde el primer asesinato de un periodista se hubiese detenido a los autores materiales e intelectuales no se estaría en presencia de esta cantidad de 80 periodistas asesinados desde el 2000 a la fecha. “Una de las medidas urgentes que tendría que tomar el gobierno federal es la investigación de los asesinatos recientes sin descartar la línea periodística y no dejarlos impunes”.
Mencionó que desde París RSF ha planteado la posibilidad de que haya una tregua en la llamada lucha contra el narcotráfico, de aquí a que se lleven a cabo las elecciones en México.
Por su parte, el Coordinador de Protección de la Casa de los Derechos de los Periodistas, Rogelio Hernández, expresó “la enésima voz de alerta, de petición, demanda a los gobiernos para que cumplan con su obligación de brindar protección y seguridad para el ejercicio periodístico”.
Señaló que ya hay suficiente configuración de patrones contra periodistas, de tipos de asesinatos para que se justificase la intervención directa de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejar en manos de las autoridades locales la investigación de los casos recientes y los anteriores de asesinatos de comunicadores.
Acusó omisión y negligencia del gobierno federal, ya que desde febrero de 2010 con el Mecanismo de Protección a Periodistas han atendido 11 casos, pero manifestó su inquietud por saber si los atendieron o sólo son una estadística.
A su vez, la representante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Aleida Calleja, mencionó que existe una falta de voluntad política de todos los actores del Estado y privados para tratar de parar un poco las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. “Las acciones que se llevan a cabo se hacen de manera aislada, sin presupuesto ni la infraestructura necesaria”.
Apuntó que falta una política integral que genere mecanismos reales de protección y prevención para el ejercicio periodístico y hay una responsabilidad compartida de los dueños de los medios y de los propios medios, “porque a pesar de la espiral de violencia contra los comunicadores, en los medios esto ocupa un espacio pequeño para informar a la sociedad”.
El monero Antonio Helguera señaló que en el contexto de inseguridad y amenaza para los comunicadores en México el número de periodistas muertos no parece significativo, frente a los 60 mil muertos que ha generado el combate al crimen organizado en la administración actual, “nos acostumbramos a la muerte y a la violencia”, dijo.
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