Foto: ALDF.
Con motivo de la celebración del Día de muertos, el Diputado Orlando Anaya, integrante de la Comisión de Salud de la ALDF, acompañado de su equipo de trabajo, realizó el 2 de noviembre un recorrido por varios panteones del DF.
Anaya, dijo que “la situación de los panteones en el Distrito Federal es grave y debe ser revisada por el Gobierno del Distrito Federal, debido a que se encuentran en un estado de abandono que de permanecer, generaría una grave crisis”.
Lo anterior, debido a que cada año se reporta el fallecimiento en la Capital de 62 mil personas, de las cuáles, veinte mil de ellas, es decir, el 30%, es enviado a sus estados de origen para ser inhumados.
Precisó que de las restantes 40 mil, el 50% recurren a los procedimientos de incineración con lo que cada año, se reportan otras 20 mil que son sepultadas en los 118 camposantos del Distrito Federal.
El diputado subrayó que el problema es porque solo quedan 80 mil fosas en todos los panteones, con lo que se úede prever que en un lapso de cuatro años los espacios serán insuficientes y se corre el riesgo de un conflicto social y sanitario, pues a este problema hay que adicionarle otros como el de la falta de condiciones de higiene y salubridad.
Panteones como el de San Andrés Mixquic en Tláhuac o el del Pueblo de Xoco en Benito Juárez se encuentran en un estado de saturación y corren el riesgo de convertirse en focos de conflicto en la comunidad.
Aunque la cremación ha ganado terreno a la inhumación, aún no es un método recurrido por los capitalinos pues todavía la mitad de los fallecimientos terminan en un cementerio y no en una urna.
Así mismo indicó que por ello, es importante exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que tome previsiones para evitar que el entierro sea imposible debido a la falta de espacios y prevea un monto suficiente en el Presupuesto 2013 a fin de implementar campañas de información y difusión acerca de las ventajas de la incineración.
Orlando Anaya, mencionó que “Los legisladores de Acción Nacional adquirimos el compromiso de revisar y adecuar la legislación existente para dotar de facilidades y de información suficiente a los ciudadanos acerca de la incineración por ser una práctica creyentemente aceptada y que ahorra tiempo, dinero y espacio para hacer conciencia de los costos comparados con la inhumación”.
Finalmente, reconoció que es urgente armonizar la legislación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de no atentar contra su identidad y dotar a la ciudad de una normatividad que resuelva esta problemática antes de que se convierta en una auténtica crisis.
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