Acataría acuerdos y recomendaciones en DH
Foto: CNN México
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) pidieron hoy al Senado priorizar el avance de la reforma al Código de Justicia Militar, para evitar que los efectivos castrenses juzguen delitos cometidos por las fuerzas armadas contra civiles, y como una medida para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en la materia.
En un comunicado, grupos civiles señalaron que la reforma al fuero militar podría representar un avance del Estado mexicano frente el Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación que realizará Naciones Unidas en octubre próximo sobre la situación humanitaria en México.
En 2009 México fue sometido por primera vez al EPU; en esa ocasión una recomendación de este mecanismo fue reformar el fuero militar, pero las autoridades la rechazaron al sostener que los juicios en los tribunales militares se realizan conforme al debido proceso.
Desde entonces el Código de Justicia Militar permanece intacto, por lo que en semanas recientes las mismas agrupaciones de DH anunciaron que exhibirían ante la ONU que el fuero castrense es todavía un factor determinante para que las víctimas de agresiones por parte de efectivos militares no obtengan justicia.
Las organizaciones afirmaron que el Senado debe aprobar a la brevedad las reformas al fuero militar, con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ).
Dijeron que la reforma al fuero militar ha sido una demanda permanente de las víctimas que se han visto obligadas a buscar infructuosamente justicia ante instancias carentes de competencia, así como de los organismos civiles que han acompañado tales procesos.
“En los últimos años, esta demanda ha adquirido mayor relevancia dado el incremento de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por militares y marinos, que en su mayoría permanecen impunes”, se lee en el comunicado.
La CoIDH recomendó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en las sentencias emitidas por los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla; la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Todos estos delitos cometidos por militares.
Por su parte, la SCJN se ha pronunciado por limitar los alcances del fuero militar, por lo que las organizaciones aplaudieron que el pasado 10 de julio la Comisión de Justicia del Senado hiciera público un proyecto de dictamen en este sentido, que de ser aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones sería un “avance muy significativo en el cumplimiento de los estándares internacionales”.
No obstante, señalaron que está pendiente la reforma al artículo 435 del Código de Justicia Militar, que en la actualidad dice que sólo las instancias militares tienen la facultad de declarar si un asunto pertenece o no al fuero castrense, y a decir de activistas esta facultad debe ser de los tribunales civiles.
La petición al Senado fue firmada por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Equis, Justicia para las Mujeres; Fundar, y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
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