Foto: César Martínez
CIMAC
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Leslie Pantoja Hernández pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) la información de los servidores públicos bajo proceso que hayan retardado la procuración o administración de justicia en casos de feminicidio.
Al iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, la panista presentó un punto de acuerdo para que el Legislativo obtenga la información sobre los servidores públicos bajo proceso que tengan alguna responsabilidad en la impunidad en los asesinatos de mujeres, a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014.
En el documento que presentó la diputada se explica que la PGR también debe enviar un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a niñas y mujeres víctimas.
La legisladora recordó que el 14 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó diversas disposiciones del Código Penal Federal (CPF), la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley Orgánica de la PGR, y que tipificó el delito de feminicidio.
La reforma que tipificó ese crimen también hizo modificaciones legales a fin de garantizar la investigación, persecución y sanción de los delitos contra las mujeres, trata de personas, atención de las víctimas y reparación del daño, entre otros.
En su proposición, Leslie Pantoja acotó que entre las particularidades de esa reforma se modificó el artículo 325 del CPF para sancionar a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de casos de feminicidio, con penas de 3 a 8 años de cárcel, multas de 500 a mil 500 días de salario, y destitución o inhabilitación por un periodo de 3 a 10 años.
Por ello consideró que el cumplimiento y seguimiento de este tipo de sanciones permitirían consolidar entre los operadores de justicia una cultura fundamentada en principios de igualdad real, no discriminación, probidad y transparencia en la función pública, así como de eficacia del sistema de justicia.
Como contexto, la diputada explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en diferentes fallos, ha puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos denunciados.
El alto tribunal emitió una sentencia en 2009 por tres asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como Campo Algodonero, y en esta sentencia señaló que la “ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos”.
“Sin embargo, pese a que llevamos años reformando estas herramientas para lograr mayor respuesta de los servidores públicos en la manera de desempeñar sus labores, así como en la forma correcta de tratar a la sociedad, continuamos sabiendo del incumplimiento de estas leyes”, expresó en su iniciativa de punto de acuerdo.
Mencionó además que pese a que hay leyes que instan a las distintas instituciones a tener programas de estudios para la especialización de servidoras y servidores públicos, responsables de la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia de género, no se tiene claridad de cómo se cumple esta norma.
Pantoja Hernández destacó que las mujeres continúan siendo objeto de burlas y víctimas de una mala atención, poniendo en duda la labor de las instituciones gubernamentales para la atención de las mexicanas, sobre todo cuando ya fueron abusadas o violentadas, en especial en los ministerios públicos.
A fin de conocer si se sanciona a quienes cometen acciones y omisiones para que las mujeres accedan a la justicia, la diputada del PAN llamó a la PGR a informar a la sociedad del número de servidores públicos que han incurrido en faltas; así como de las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a las mujeres víctimas.
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(CIMAC)
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