Foto: Cámara de Senadores
Senadoras y senadores de la República se reunieron en la nueva sede con organizaciones no gubernamentales, quienes propusieron la creación de una comisión ordinaria que atienda el problema de trata de personas y dé seguimiento a la aplicación de la ley en esta materia.
Al respecto, la senadora panista Adriana Dávila aseguró que en el Senado “hay un compromiso ineludible de todos los partidos políticos” para concretar los asuntos que permitan “dar pasos agigantados y poder terminar con el problema de la trata de personas”.
Destacó que hay “un gran avance” gracias a las acciones que realizan organizaciones civiles, por lo que se insistirá para que gobiernos estatales, legislaciones locales y el Poder Judicial hagan lo propio”.
En tanto, la senadora del PRI, María Lucero Saldaña Pérez, comentó que se necesitan foros plurales, en donde por encima de partidos hayan objetivos comunes que permitan tomar decisiones para combatir la trata de personas.
Subrayó que es importante que las organizaciones civiles visibilicen este problema ante la sociedad, a fin de ir a la raíz del problema y atacar la demanda de servicios como la prostitución.
A su vez, el senador panista Jorge Luis Preciado se pronunció a favor de regular las redes sociales como Facebook, Twitter, y algunas otras paginas de Internet, con la finalidad de evitar que menores de 15 años puedan abrir una cuenta sin el permiso de sus padres.
Debido a que el año pasado Facebook dio de baja a casi 8 millones de usuarios que eran menores de 13 años, dijo que es preciso impedir que niños y niñas sean enganchados por las redes de tráfico de personas que operan en Internet.
Al respecto, la senadora perredista Angélica De la Peña Gómez expresó que el “reto es grande” pues a veces se lleva menos de un minuto el “enganchamiento” en el Internet de una niña o adolescente y eso es un problema muy complejo que no tiene fronteras.
“Hoy –agregó– están en Puerto Vallarta, mañana en Jamaica, pasado mañana en Brasil, y desde el tsunami que afectó Tailandia, alertamos que esa delincuencia organizada se iba a venir para América y llegó a dos países: México y Brasil”.
Por su parte, el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, expresó que este es un problema sensible y difícil de explicar para concientizar a la gente y debido a sus dimensiones se dificulta cuantificar las ganancias del delito de explotación.
Ante ello, mencionó que hay mucho por hacer, por lo que si no “le damos un seguimiento no va funcionar la ley en la materia y simplemente va ser medallita que alguien se quiso poner”.
En su oportunidad, Rosi Orozco, presidenta de Unidos contra la Trata, consideró indispensable que el Senado y la Cámara de Diputados cuenten con una comisión ordinaria que aborde el problema de la trata de personas, ya que es un “tema de seguridad nacional”.
Señaló que este ilícito pasó a ser el segundo negocio que más ganancias deja a la delincuencia organizada, por lo que “no podemos esperar a que la venta de seres humanos sea el primer negocio”.
En este sentido, dijo que los retos de la LXII Legislatura en este tema es mantener una instancia capaz de dar seguimiento a la aplicación de la ley contra la trata e identificar los obstáculos que impiden su buen funcionamiento, así como impulsar la generación de instrumentos de observación y evaluación.
De igual forma, subrayó que es necesario crear un sistema que permita observar los avances con respecto a los objetivos y programas del Ejecutivo federal, promover una agenda nacional en materia de trata, dar seguimiento a la aplicación de recursos, atender adecuadamente a las víctimas y homologar legislaciones locales con la ley federal.
En su turno, Sandra Diéguez, de la Fundación Camino a Casa, consideró que la legislación se tiene que enfocar en la reparación del daño a las víctimas, que en su mayoría son mujeres y niñas, “porque no puede ser que haya una sentencia condenatoria y el tratante no sea obligado a reparar el daño hecho”.
Por su parte, Hortencia Flores Camón, de la asociación Reintegra, externó que dado el grado de violencia y abuso de los derechos de las víctimas, así como las secuelas que ello conlleva se hace necesario contar con más refugios en los que se lleve a cabo un proceso de atención y reintegración.
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